En varias universidades de Colombia y del mundo es creciente la preocupación por el deterioro académico que trajeron consigo los confinamientos y la educación remota, problema que estará en el primer orden de asuntos para resolver cuando se reactive plenamente la presencialidad que es inherente a la educación de buena calidad. Este efecto devastador de la pandemia no aparece en los titulares de la prensa ni entre las prioridades de las políticas públicas para enfrentar los efectos del virus, pero es grave y puede dañarle la vida a esos millones de jóvenes que han pasado los dos últimos años de sus vidas encerrados en sus casas viendo la escuela o la Universidad en una pantalla de computador o de teléfono.

Ya se sabe que la educación remota, aséptica y solitaria de las pantallas, a la que de un día para otro se vio abocado el mundo, no equivalía a la educación presencial en los campus que por esencia son un hervidero de ideas y de interacción humana: quienes acaban de terminar sus estudios de bachillerato pegados del internet e inician así su vida universitaria tienen menos conocimientos, competencias y habilidades que sus pares de hace dos años, y los universitarios que van por la mitad de sus carreras tienen carencias académicas que antes quedaban resueltas en los primeros semestres de vida universitaria. En todo el mundo se relajaron las exigencias académicas (y no podía ser de otra manera, ante semejante calamidad), pero ahora tenemos que reconstruir ese tejido intelectual que se deterioró de modo inevitable. Además, la falta de interacción propia de la educación remota y virtual, acompañada del aislamiento, disminuyó de modo notable las cotas de aprendizaje y de rendimiento estudiantil.

Así pues, a los problemas de salud mental, de deterioro económico y de desentrenamiento generalizado para la vida en sociedad, se agrega esta caída de niveles académicos que concierne específicamente a las universidades y para el cual el Externado tiene que construir una respuesta certera y eficaz: para los años 2022, 2023 y 2024 hay que adoptar un plan inédito de recuperación intelectual que ponga a nuestros estudiantes, al menos, al nivel académico previo a la pandemia. Ojalá podamos incluso mejorar y aprovechar esta situación de crisis para reformar algunas estructuras académicas y prácticas universitarias ya desuetas.

Según indican los expertos, lo adecuado no sería comprimir los contenidos curriculares de los años de pandemia para “repasarlos” cuando vuelva la presencialidad, a modo de los “cursos remediales”, sino diseñar unos espacios académicos específicos cuyo punto de referencia no sean los contenidos de cada disciplina, carrera o asignatura, sino la situación académica cierta de los estudiantes, y a partir de esa información, que arrojará datos diferenciados, diseñar entrenamientos en habilidades esenciales y básicas de la vida intelectual, en asuntos como razonamiento matemático, comprensión de lectura, razonamiento crítico y capacidades de argumentación. Es decir, una estrategia para despertar la capacidad de pensar, que también se vio afectada en estos años aciagos, y no para embutir en dos años la información que ha debido analizarse a lo largo de cuatro o cinco.

Una estrategia, en fin, que apunta a los llamados estudios generales o artes liberales, entendidas como aquellas capacidades básicas que le permiten, a las personas que las dominan, aprender en libertad, según su criterio y sin necesidad de maestros ni lecciones.

Frente al triunfalismo un tanto irreflexivo de quienes proponen que la pandemia fue la oportunidad de oro para instalar definitivamente la educación virtual, es pertinente detenerse un momento y buscar la respuesta a un interrogante básico: ¿en qué se mejora la calidad de la educación superior con la virtualidad? Admítase lo siguiente: si la respuesta es que tal modalidad educativa es cualitativamente neutra, es decir, que la virtualidad ni mejora ni deteriora la calidad de la educación, entonces habría que concluir que los planes de virtualización no deberían ser una prioridad, sino, a lo sumo, una provisión de herramientas pedagógicas electrónicas al uso, que pueden utilizarse en la medida de su conveniencia.

Pero si se arriba a la conclusión de que la educación virtual, más bien, tiene altos riesgos de disminuir el rigor y la excelencia académica, o que los programas puramente virtuales no gozan de reconocimiento profesional de alta calidad, entonces estaría justificada una prevención mucho mayor de la comunidad académica frente a esas voces tan seguras de sí mismas sobre las bondades del maravilloso invento de la educación universitaria sin necesidad de aparecerse por la Universidad.

En el Externado, como en muchas universidades, ese debate está abierto, y no somos pocos los que consideramos que el esfuerzo económico muy importante que supone la actualización y mantenimiento permanente de las plataformas tecnológicas que permiten prestar ese servicio, así como el ingente esfuerzo docente de cambiar unas estrategias pedagógicas presenciales que llevan siglos decantándose por unas bastante experimentales en hostiles programas estandarizados tipo “Moodle”, sólo se justifica si la virtualidad mejora sustancialmente la calidad de la educación superior, es decir, si los profesionales formados en la virtualidad adquieren competencias, conocimientos y habilidades mejores a aquellos que acuden presencialmente a las universidades.

Las justificaciones que más se escuchan sobre las bondades de la virtualidad son del siguiente tipo: es una educación más cómoda porque se puede tomar e impartir desde casa y en horarios flexibles; es más funcional porque evita el desgaste de los traslados al campus universitario con el tráfico siempre congestionado de la ciudad; el precio de las matrículas puede ser menos costoso; permite a personas de lugares muy remotos acceder a títulos de universidades lejanas;  es ambientalmente amistosa, pues mejora las capacidades digitales de los estudiantes. Todas esas justificaciones tienen alguna sensatez, pero admitámoslo: no están relacionadas con la mejora de la calidad educativa.

Pareciera, en todo caso, que la virtualidad es más afín con los cursos cortos de posgrado o de extensión que con los pregrados universitarios, y que podría ser una herramienta complementaria, pero nunca exclusiva, en cursos de maestría o doctorado. El debate, sin embargo, está abierto y urgido de voces críticas.

Cabe reiterar, como lo hice en una ocasión pasada en este ilustre periódico, que lo que está en juego no es la capacidad de los profesores para familiarizarse con unos programas de computador, como lo creen los propagandistas de la virtualidad, sino la posibilidad de lastimar lo que define a las universidades y muy en especial al Externado: una educación humanista en ciencias sociales con rigor científico, comprometida con la libertad, crítica, sin dogmas y volcada hacia los problemas de la sociedad colombiana.

Entonces, antes de lanzarse a ofrecer programas virtuales, la primera tarea sería determinar si la educación a distancia por mecanismos electrónicos, además de mejorar la calidad profesional de los egresados de nuestros programas, ya sea de pregrado o de posgrado, resulta un medio idóneo para la realización de esos principios del Externado. A primera vista pareciera que una educación sin la vida efervescente de las aulas, los pasillos y los cafés universitarios, y sin las discusiones que surgen de modo espontáneo en ese hábitat natural que es el campus, se asemeja más bien a un proceso solitario y acrítico de acopio de información que a una educación universitaria humanista. Es importante también recordar que en las universidades que gozan de prestigio, los conocimientos, más que adquirirse, se crean.

El debate está abierto.

Coincidió la inauguración del período del Profesor Hernando Parra como rector del Externado con el estallido social colombiano de las semanas recientes. Esa situación no prevista permitió apreciar la pujanza de la comunidad universitaria que, sobre la marcha, ha venido organizando mesas de trabajo, “webinars”, sesiones de capacitación, tertulias, eventos todos enfocados a la tarea de descifrar las causas próximas y remotas de los acontecimientos, y también a construir soluciones -o al menos principios de soluciones-, para intentar remediar los graves problemas acumulados que han salido a las calles con tanto dramatismo en los días recientes.

También ha sido notable la organización muy rápida de mecanismos de apoyo, cuidado y protección hacia las personas que han participado en las protestas callejeras. Fui testigo de cómo en unas pocas horas, por una iniciativa estudiantil que recogió de inmediato un buen sector del cuerpo docente, se organizó un servicio de asesoría jurídica para quien pudiera necesitarlo, así como de asistencia psicológica y médica de emergencia, y de cómo, con un par de mensajes de alerta, se organizó un refugio nocturno en el campus de la Universidad para que pudieran pasar la noche quienes habían quedado atrapados en el centro de la ciudad al comenzar un toque de queda en medio de las manifestaciones. Supe de docentes que infringieron esas normas de encierro para recoger estudiantes en las calles y llevarlos a sus casas, y de estudiantes que ofrecieron sus viviendas para alojar provisionalmente compañeros.

Hay una comunidad externadista muy activa, solidaria, que ejerce la academia y la ciudadanía en todo momento, y que -¡vaya sorpresa!- actúa eficazmente si no se tiene que someter a las trabas de la burocracia universitaria que ahogaba toda iniciativa con sus tiempos muertos, su tendencia al maltrato a la inteligencia, sus draconianas imposiciones financieras y su cadena insensata de trámites y formalidades sin fin.

Es deseable que las protestas de estas semanas le dejen importantes lecciones a la sociedad y que a partir de ese clamor puedan comenzar a solucionarse los problemas tan agudos de pobreza y de injusticia en la distribución de la riqueza nacional que hemos padecido siempre, abonados por esa mala mezcla de racismo, clasismo e intolerancia que también nos ha caracterizado como colombianos, y por unas élites políticas siempre más cercanas a las estrategias de la represión y el autoritarismo que a la concertación de unas políticas públicas que permiten construir una sociedad más decente y civilizada.

Para la Universidad, la lección es clarísima: dentro de la comunidad universitaria tenemos un equipo humano que parece dispuesto a ocupar un papel clave y de vanguardia en la construcción de soluciones a nuestros problemas colectivos. Un grupo de personas que ha estado ahí, haciendo academia a veces de modo discreto y rodeada de incomprensiones, pero que no ha abandonado su convicción de que la educación es una herramienta poderosa para transformar a las sociedades, y que esa educación, si además es rigurosa, laica, respetuosa de los derechos humanos y enfocada hacia las ciencias sociales, es ya no sólo una herramienta sino un modo de vida volcado hacia el progreso, la fraternidad y la emancipación humana.

Varios analistas de la vida nacional han señalado en estos días el papel que pueden asumir las universidades ante esta manifestación de crisis nacional. Nuestras gentes en el Externado parecen dispuestas a pensar, oír, deliberar y así discernir sobre posibles salidas a esta encrucijada, y a hacerlo con el rigor propio de la academia, con talante solidario y con toda nuestra inteligencia y fuerza de trabajo puestas a disposición de la sociedad. Las universidades son un foro privilegiado para ello, por su distancia frente a los partidos políticos, gremios, grupos de presión y diferentes ámbitos de autoridad. Colombia no puede desperdiciar la contribución de sus centros de pensamiento y el Externado, dentro de ellos, debe propiciar, con sus mesas de trabajo temáticas y sus laboratorios de pensamiento, la construcción de una nueva articulación de la vida nacional.

De modo simultáneo, el actual gobierno del Externado está empeñado en la modernización de la institución: nuevo estatuto docente, reformas curriculares, políticas claras de investigación y administración al servicio de la docencia. Todo lo que ha ocurrido en estas semanas convulsas hace ver que se trata de reformas inaplazables y necesarias para encauzar del mejor modo ese torrente intelectual que siempre había estado ahí y que de modo súbito ha salido a la luz.

Coda. EL RADICAL es un periódico independiente y crítico que habrá de tener larga vida, para beneficio de la comunidad universitaria colombiana y en especial para la del Externado. Es cierto que nació en una difícil coyuntura de estancamiento y de cierre de espacios democráticos en el Externado, y que se consolidó como la voz disidente de esos años perdidos, pero su objetivo va más allá de esa situación superada. A mis amigos y colegas de EL RADICAL, les agradezco su persistencia en esta quijotada, y sé que los lectores entenderán que las responsabilidades que decidí aceptar en la gestión académica de la Universidad, bajo la orientación del rector Hernando Parra, aconsejaban que me retirara de la dirección y del comité editorial del periódico. Conservaré, mientras me sea posible, esta columna con la que estoy francamente encariñado.

PRIMERO. Mesura. Pocos días después de la designación del nuevo rector, una buena amiga, profesora desde hace años en el Externado, pero un tanto distante de las controversias sobre el gobierno universitario, me contó que no había podido seguir los debates entre los candidatos a ese cargo por haber estado atareada con mil cosas en esas fechas, y que apenas conocía al profesor Hernando Parra, pero que se había decidido a manifestar su preferencia por él en la consulta, porque había leído, una tras otra, las columnas de su autoría publicadas en este periódico. Me dijo también que había revisado las hojas de vida de los candidatos y los extractos publicados en las redes sobre sus propuestas para dirigir al Externado, pero que eso no le había llamado especialmente la atención. Me confió que había quedado un tanto sorprendida, porque pensaba que al leer unas columnas de opinión publicadas en EL RADICAL se encontraría con una sucesión de arengas incendiarias y distorsionadas, pues ese era un rumor que se difundía con frecuencia cuando se hablaba de este periódico, y que lo que encontró; sin embargo, fue todo lo contrario: unas reflexiones serenas, maduras, informadas y atinadas sobre el presente y el porvenir del Externado.

A mi amiga le pasó lo mismo que a tantas personas que han leído de buena fe EL RADICAL, que han encontrado aquí expresados, con libertad y franqueza, los debates indispensables de la Universidad. Por supuesto, me regocijé también al ver cómo unas horas de lectura desvanecen un prejuicio fervorosa y malévolamente construido.

SEGUNDO. Desmesura. En la sesión de zoom un tanto surrealista en la que se difundieron los resultados de la consulta a la comunidad académica sobre sus preferencias para la designación del rector, manifesté de viva voz, con vehemencia, mi protesta porque esos resultados se nos habían ocultado a quienes éramos veedores de las distintas candidaturas y del consejo de profesores. En una de mis intervenciones solté la palabra “arrasamos” para referirme a los mismos. Al día siguiente, unos colegas se planteaban si a partir de esa palabra mía se pudiera haber configurado un vicio de nulidad de la consulta porque allí habría una prueba de una coalición entre dos candidaturas (¡vea pues!), coalición que no estaba permitida en el reglamento electoral. ¡Tiene que ser muy alto el nivel de pasión para que a unos profesores de derecho se les haya ocurrido semejante artificio jurídico a partir de una palabra! 

TERCERO. Mesura. Ante el resultado de la consulta a la comunidad académica sobre sus preferencias para la designación del rector, el consejo directivo decidió seguir la voluntad expresada por estudiantes y docentes, y así, pese a que en su seno había favoritismos distintos y tendencias muy diversas, incluso antagónicas, designó por unanimidad al Prof. Hernando Parra para ese cargo. Eso le otorga el mejor panorama de gobernabilidad al elegido y pone a la comunidad universitaria en sintonía para sacar adelante la institución, mediante el trabajo inteligente y dedicado de esa comunidad democrática, plural y abierta, pero con un propósito común: modernizar El Externado, ponerlo al servicio de la sociedad y ser referente de seriedad académica.

CUARTO. Desmesura. La sesión del consejo directivo en la que se designó al nuevo rector tardó alrededor de media hora en hacerlo, pero después se engarzó en una agria discusión, que debió ser tragicómica, sobre la supuesta gravedad de que la noticia de tal designación se hubiera difundido con prontitud en twitter por el suscrito. Llegó a proponerse que se revisaran los mensajes que cada uno de los asistentes hubiera enviado desde sus teléfonos, y alguien sugirió que no debía descartarse la posibilidad de que las comunicaciones de los miembros del consejo estuvieran interceptadas. En esas los cogió la noche, sin percatarse de que lo importante de la sesión había sido la designación del nuevo rector, que no había asuntos de “seguridad nacional” de por medio, y que la única mala noticia habría sido que no hubieran tomado esa decisión. 

¿Qué puede hacerse para que en la etapa del Externado que ahora comienza prevalezcan los debates racionales, la contención de las emociones, la seriedad de los planteamientos y el abandono del tremendismo? ¡Se escuchan propuestas!

Ironías de la vida: en mis recuerdos aún está la sensación de conmiseración burlona con la que solía recibir la queja furiosa de colegas que trabajan en universidades distintas al Externado, por la pesada y descerebrada “tramitomanía” que acompañaba el desempeño de sus funciones. Iluso yo que pensaba que una de las ventajas de las universidades privadas era la distribución racional del trabajo entre los docentes y los trabajadores administrativos, en virtud de la cual los primeros se dedican a investigar y a enseñar, y los segundos a tener al día los trámites necesarios para que la universidad pueda fluir, todo en beneficio de los estudiantes. No. Las cosas ya no son así.

De mi memoria no se borra el lamento de un buen amigo madrileño que llevaba muy bien las cuentas: por cada hora de clase impartida requería de hora y media para rellenar unos formularios en los que debía anotar, con la ortodoxia del lenguaje indescifrable de los pedagogos, aquello que iba a tratar en la clase, con los objetivos, las “competencias” y la bibliografía de cada sesión, así como con la especificación de las estrategias didácticas que se emplearían para cada “sub-ítem” de la exposición, y luego de la clase, con milimétrica simetría, anotar en otro formulario lo que había hecho durante esa hora, con anotación, eso sí, de los logros y el plan de mejoramiento.

No se diga ya si se trataba de investigar, porque entonces por cada página de un artículo científico se le iban dos de trámite burocrático, en las que debía emplear un lenguaje aún más intragable. Hoy me toca consolarme con pensar que mi amigo es un poco neurótico, porque a nadie con salud mental se le ocurre llevar semejantes cuentas, pero tengo que admitir que cada vez pierdo más tiempo (sí, es una pérdida), llenando formularios, encuestas, currículos e informes en los que me piden siempre la misma información que la universidad ya tiene, eso sí en formatos distintos cada vez, pero siempre con la previsión de que se trata de una tarea trascendental y que nadie más que yo puede adelantarla. Además, me ha tocado enfrentar la hostilidad insolente de las plataformas informáticas que emplea el Externado para cosas tan sencillas como anotar la asistencia o las calificaciones de los estudiantes, o para sugerir en un aula virtual una lectura o un ejercicio para una clase. ¡Debe ser una venganza más de este fatídico año 2020, por haberme burlado de los colegas!

Pero hablando en serio, ¿En qué momento las universidades, incluida el Externado, se dejaron embaucar en esta maraña? ¿De cuándo acá se le da tanta importancia a esas parrafadas insulsas que hay que anotar en el programa de cada asignatura bajo las rúbricas de “objetivos generales”, “objetivos específicos”, “objetivos de enseñanza” (¡aunque no lo crean, son tres cosas muy distintas!), “estrategias didácticas”, “competencias”, “resultados del aprendizaje”, “valor agregado” y cosas por el estilo? ¿En qué momento el sistema educativo se diluyó en unos informes larguísimos que tienen que presentar las universidades para obtener sus licencias de funcionamiento, en los que no puede haber ningún párrafo redactado con claridad sino una jerga incomprensible que pretende presentar como novedosos los lugares comunes de cualquier centro de enseñanza?

A mi modo de ver las cosas, eso se llama deshumanización de la pedagogía y burocratización de las universidades. Probablemente no se pueda hacer mucho en estos tiempos para evitar las horas perdidas de informes rutinarios, pero al menos hay que denunciar que ese desgaste es inútil y que así no se mejora la calidad de la educación superior.

De mi vida en el Externado recuerdo ya varios momentos con una importante carga simbólica que han sellado el carácter de la institución. No soy, por supuesto, de la generación que le plantó cara al dictador Núñez y fundó en un salón alquilado una escuela de Derecho en las narices del palacio de gobierno, de modo que los profesores que el régimen había echado de la Universidad Nacional pudieran continuar con su servicio docente. Tampoco de aquella que con el profesor Restrepo Piedrahita a la cabeza se tomó la sede de la Radiodifusora Nacional el 9 de abril de 1948, ni de la que desentejó la vieja sede de la Universidad el 27 de mayo de 1969, para protestar contra la presencia en Colombia del vicepresidente de los Estados Unidos, mister Nelson Rockefeler, y que dio lugar a la fundación de un movimiento estudiantil con esa fecha, que evocaba lo ocurrido exactamente un año antes en París.

Pero sí alcancé a vivir como estudiante algunas huelgas universitarias de los años 80 del siglo pasado (“asamblea permanente” era el término que utilizábamos) en las que se reivindicaba desde la rebaja del precio de las matrículas hasta el cambio de los profesores “paquete” que medraban por ahí, y también soy de esos estudiantes a los que de un momento a otro nos tocó asistir, en el día más aciago de la Univerisdad, al funeral de nuestros maestros asesinados en el palacio de justicia.

Aún hoy se me quiebra la voz cuando tengo que hablar de esa ceremonia fatal y lúgubre que tuvo lugar en auditorio del bloque “D” de nuestra sede, entonces el más grande que teníamos, y el mismo en el que cuatro años después, ya como novel profesor, estuve en los debates ardientes y fervorosos que condujeron al movimiento de la “séptima papeleta” que dio inicio a la Constitución que hoy nos rige. Estuve también en la asamblea general súbita que convocó en abril de 2012 el profesor Ramiro Bejarano para protestar contra la inminente elección de un nuevo rector sin suficiente consulta a la comunidad universitaria, asamblea que fue también un grito de protesta contra algunos de los candidatos a ese cargo.

En todos esos momentos, más allá del episodio, estuvo presente ese Externado “de base”, rebelde y activo, que no se extingue y que ha superado las adversidades que tantas veces hemos tenido que enfrentar.

Lo del pasado miércoles 30 de septiembre podría parecer muy distinto, porque fue una votación aparentemente muy aséptica, programada, on line, y con cada quien desde su casa. Sin embargo, tuvo esa misma carga simbólica y por tanto vuelve a marcar el destino del Externado.

A pesar del cierre del campus por la pandemia y de todos los obstáculos que los organizadores le pusieron al evento electoral, una abrumadora mayoría de profesores le dio la espalda a la forma como se ha gobernado la Universidad en los años recientes y votó por un cambio de época en nuestra institución. Mi teléfono atiborrado de llamadas remplazó, en la medida en que eso es posible, a esa multitud ruidosa de gentes del Externado que se habrían abrazado, muy ilusionadas, de solo pensar en los cambios que se perfilan a partir de ese resultado electoral.

Creo que los principales cambios que pueden venir para nuestra Universidad, y que los consejeros elegidos no se pueden dar el lujo de desperdiciar, pueden sintetizarse así:

1. Institucionalización. Es imperiosa una reforma estructural del Externado, para despersonalizar el gobierno de la Universidad y darle la fisonomía institucional que le permita persistir, no ya gracias al liderazgo de un gran prohombre, sino a la combinación de muchas inteligencias que trabajan por una causa común. Nuestra Universidad va a dejar de ser identificada con una persona o una familia, va a ser menos autoritaria en su funcionamiento, más democrática y transparente, y sus estudiantes y profesores serán más altivos y deliberantes. Ojalá todo eso se vea reflejado en un muy pronto cambio de los estatutos y los reglamentos.
2. Giro. El centro de mando de la Universidad se va a desplazar de la rectoría al consejo directivo. Hasta ahora hemos tenido rectores muy poderosos dentro de la Universidad, tremendamente buenos o tremendamente malos, acompañados de consejos directivos prácticamente inanes, que apenas refrendaban los actos rectorales. Todo indica que esa época llegó a su fin. Las personas elegidas la semana pasada gozan de amplia legitimidad, tienen importantes ideas sobre la transformación de la Universidad y son, en su mayoría, de esos externadistas de base que no creen en cuentos de sangre azul ni le deben vasallaje a nadie. El inminente relevo en la rectoría seguramente dará cuenta de ese giro.
3. Modernización. Aunque nos duela reconocerlo, el Externado hace rato huele a naftalina. Los sistemas de enseñanza que utilizamos están revaluados hace lustros, la rigidez de los planes de estudio ya no se considera virtuosa y la brecha entre los principios de la Universidad y sus prácticas administrativas es cada vez mayor. Todo eso lo han padecido los nuevos miembros del consejo directivo, así que muchos esperamos, fundadamente, que abran las ventanas del alma mater para que demos un salto de modernización que nos vuelva a identificar con nuestro modo de ser.
4. Racionalidad. Si algo quedó claro en las pasadas elecciones es que el obstruccionismo para impedir los debates y la apelación a la descalificación, la mentira y el insulto a los contradictores, NO logró persuadir a la mayoría de profesores sobre cómo se construye y mantiene una Universidad respetable y decente, y menos aún a los estudiantes, cuyo espíritu crítico ha sido nutricio siempre para la Universidad. Cuando quienes hoy se refugian en la maledicencia se animen a debatir con la razón, se reencontrarán con el Externado deliberante y riguroso, pero fraternal, que no lograron destruir.

Concluye la campaña para la renovación del consejo directivo de la Universidad. Una campaña atípica porque se adelantó a distancia y en línea, sin posibilidad alguna de café o tertulia entre los aspirantes y sus eventuales electores, y también atípica por las prevenciones excesivas e innecesarias de los organizadores en los pocos debates que se abrieron, los cuales suscitaron más bostezos que acaloramiento y más resignación que esperanzas. En fin, es lo que ocurre cuando una comunidad académica se desentiende de la deliberación y el debate como ejercicio continuo del quehacer intelectual y prefiere hacerse complaciente con el statu quo.

Algunas listas intentaron ocultar mediante videos vistosos y afiches de diseño colorido su falta de ideas y propuestas atractivas para dirigir la Universidad. No estaría de más que esos cabezas de lista le dieran una lectura al clásico Traje Nuevo del Emperador del genial Christian Andersen. Es un cuento infantil corto. No requiere de gran esfuerzo. En cualquier caso, hay versiones animadas en Youtube, por si a su criterio leer ya hubiera caído en desuso. Otras acudieron a esa palabrería ampulosa e inconsistente tan a la moda, que no concibe un párrafo sin términos como “emprendimiento”, “innovación”, “competencias globales”, “universidad del futuro” (a propósito, colegas de la lista cuatro: el siglo veintiuno ya comenzó hace veinte años, no está por venir), y otros del mismo estilo, entre los que no podían faltar “flexibilidad” y “nueva realidad”, todos los cuales tienen en común dos cosas: no significan nada y son totalmente acríticos. Del mismo cuño son esos eslóganes que llaman a la unidad, pero cuyos miembros no soportan las críticas y que simplemente intentan invisibilizar los problemas de la Universidad con otra supuesta palabra mágica que evade el debate: evitar la polarización.

Las listas se ufanaron de tener listo un proyecto de estatuto profesoral, pero se cuidaron de comprometerse con que el salario de los profesores no pierda progresivamente capacidad adquisitiva; se refirieron a las cuantiosas pertenencias de la Universidad en el grupo Bolívar (algunos lo llaman “patrimonio de respaldo”) pero fueron intencionalmente resbalosas para proponer algo concreto que se deba hacer con todo ese dinero; algunos nos dieron clase no pedida sobre inhabilidades e incompatibilidades sin ver la viga en el ojo y otros más prefirieron pontificar sobre sus planes a treinta años cuando se presentan a un cargo apenas bienal. Puras palabras hueras.

Así que los votantes, a muchos de los cuales conozco y no tienen un pelo de tontos, seguramente se habrán fijado más en el talante personal de los candidatos, en su trayectoria y en eso que los viejos llamaban “don de gentes”, así como en la composición heterogénea de las listas. Habrán notado también los contrastes entre la actitud dialogante y propositiva de unos frente a la arrogante y bloqueadora de otros, y evidentemente habrán percibido quiénes se expresan con espontaneidad y quienes tienen instrucción de no salirse de un libreto preconcebido. Probablemente eso va a decidir el voto de todos esos maestros inconformes de nuestro querido Externado, que han mantenido el lustre y el rigor sin estridencias, con evidentes temores ante la deriva de la Universidad, pero sin dejarse amilanar por esa circunstancia.

No puedo dejar de agradecerle a Richard Tovar, mi Profesor de sociología del derecho hace ya casi ocho lustros, pero a quien no le pasan los años, por su discurso, ese sí sustancioso, lúcido y vanguardista, con el que se comprometió en una de las reuniones en línea de los días pasados. Sus ideas sobre el rescate de la Universidad laica, progresista, comprometida con sus estudiantes y con la sociedad y su irreverencia frente a las autoridades eran lo que yo necesitaba escuchar sobre mi Universidad, mi facultad y mi trabajo. No creo haber sido el único que lo apreció. Ojalá le alcancen los votos para ser nuestra voz en el consejo directivo. En todo caso, gracias Prof. Richard por esa nueva lección y por haberme hecho sentir de nuevo en casa.

Durante la semana que corre he participado en tres reuniones, todas por Zoom, con los muchos candidatos y las pocas candidatas de varias listas a la representación profesoral en el consejo directivo de la Universidad. La primera fue un debate general organizado por la comisión electoral, en el que a decir verdad no hubo debate, principalmente porque todas las personas que intervinieron estaban demasiado prevenidas y libreteadas, aunque también por la rigidez excesiva de las normas sobre sorteo de turnos y uso de la palabra, que terminaron asfixiando cualquier posibilidad de deliberación de mejor calidad.

Las otras dos han sido reuniones abiertas a la comunidad universitaria, convocadas por las listas “uno” y “tres”, respectivamente, y resultaron más espontáneas, dialógicas y útiles. No podrían llamarse “debates” en el sentido de que sólo comparecían los candidatos de la lista convocante, pero sí lo fueron en cuanto hubo intercambio amplio de criterios y posturas sobre la Universidad y discernimiento sobre estrategias para superar la encrucijada actual del Externado. A diferencia del debate general, en estas dos reuniones el ambiente fue de colegaje dentro de un espíritu crítico que personalmente aprecié como constructivo y hasta fraternal.

Algunos detalles del debate general resultan significativos. Por ejemplo, es evidente que en la lista de “sólo derecho”, habían convenido que fuera el veterano Prof. Augusto Hernández quien atendiera las principales intervenciones, a pesar de que a él lo ubicaron en el sexto y último renglón de la lista, es decir, sin ninguna posibilidad de salir elegido. El Prof. López Roca, que la encabeza, apenas nos permitió escucharle un par de palabras para algún asunto insular o para pedirle a Hernández que respondiera. Tanto en esa lista como en la encabezada por el decano Beltrán, se apreciaba una extrema cautela para presentar del modo más dulce posible los evidentes desatinos del actual gobierno de la Universidad, que ya ellos no logran ocultar. Todas las listas manifestaron que es imperioso un estatuto profesoral contemporáneo y todas cumplieron con el ritual de manifestarse a favor de la investigación. Prácticamente eso fue todo.

La reunión convocada por la lista tres, encabezada por el Prof. Duarte, fue una ocasión muy interesante para intercambiar criterios sobre la investigación en el Externado, más allá de las obviedades del anterior debate, con análisis de información relevante y en un ambiente constructivo. También se hizo evidente la preocupación frente a la deserción estudiantil, las inequidades de la política laboral de la Universidad y la tremenda fortaleza académica y humana que la Universidad tiene en su cuerpo docente. La reunión fue saboteada por hackers y tuvo que interrumpirse abruptamente. Se reanudó una media hora después mediante un nuevo enlace de zoom cuyos datos apenas nos alcanzaron a comunicar a algunos y, por tanto, ya obviamente con el quórum disminuido. Hice varias preguntas y recibí respuestas interesantes, aunque me parece que quedó pendiente algo más explícito sobre lo que tienen pensado del perfil del nuevo rector o rectora. Aprecié que entre los asistentes a la reunión hay un notable fervor y compromiso con la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. La presencia en la reunión de varios profesores de amplia trayectoria y relieve público le agregó seriedad al evento, a pesar del sabotaje que no me pareció nada casual.

Por último, la reunión convocada por la lista uno, encabezada por el Prof. Tremolada, me sorprendió porque allí sí que surgió el clamor de esa “enorme minoría” de profesores que se siente mal tratada por la administración universitaria con sus contratos temporales y precarios, con la tacañería con la que se atiende cualquier iniciativa docente, con el trato desigual entre facultades, en fin, con la necesidad de un cambio significativo en el régimen profesoral y con una modernización genuina del Externado. Se habló también de investigación y quedaron entre el tintero varias iniciativas al respecto. Personalmente tenía algunas preguntas para hacerle a los candidatos, pero ante el caudal de propuestas e inquietudes que surgían tanto en el diálogo de viva voz como en el “chat del zoom”, preferí tomar notas, pues supongo que habrá más oportunidades para compartir ideas. Creo que en todas esas reflexiones que, por supuesto surgían de modo un tanto desordenado, se asoma un futuro promisorio para la Universidad. Me quedó la impresión de que los candidatos respondieron con solidez argumentativa a las cuestiones que les plantearon. Podría decirse que en esta reunión había más tropas que generalato, y eso le dio a la misma un talante reivindicativo que hace mucho echaba de menos en mi querido Externado. Seguiremos opinando.

Ignoro qué estaban pensando los colegas que redactaron, a principios de este mes, un comunicado público en el que rechazan que otros expresemos nuestros criterios sobre el desarrollo del Externado y su actual administración. La misiva se constriñe a una invitación a la censura, con paradójica invocación de la libertad de expresión, y aunque no menciona ningún destinatario específico, es claro que estaba dirigida en contra de quienes desde las páginas de EL RADICAL hemos sostenido una voz crítica e independiente frente al manejo de la Universidad en los últimos años. Ese contenido es en verdad insólito en un ámbito universitario, pues se puede resumir en algo así como que “lo que tengo para decir es que se calle Usted”: propuesta claramente inadmisible en un centro de pensamiento libre y en cualquier institución educativa.

Ahora bien, dado que esa carta se redactó, firmó y publicó al inicio de la campaña electoral para la renovación de la representación profesoral en el consejo directivo de la Universidad, que además se intentó legitimar con firmas que le dieran sabor de multitudes, y que varias de las personas que la firmaron están hoy entre los candidatos a esos cargos, considero que es legítimo preguntarles si de resultar elegidos intentarán, desde el consejo directivo, acallar las voces disidentes de su gestión, y si a eso se constriñe su propuesta frente a la Universidad.

En concreto, las tres primeras firmas que aparecen en esa carta corresponden con sendos candidatos de tres listas al consejo directivo: los profesores Barbosa, López Roca y Álvarez. Además, siete de los doce candidatos de la primera de las listas mencionadas, que está encabezada por el decano Beltrán Duque, son signatarios de la misma, así como ocho de la encabezada por López Roca y dos de aquella en la que aparece el profesor Álvarez, que está encabezada por el profesor Duarte. ¿Van a hacer su campaña en contra de EL RADICAL y/o de sus columnistas, ninguno de los cuales aspira a ningún cargo en esta elección? ¿Esta primera “salida en público” ante la comunidad universitaria, con evidente intención de apabullar a los contradictores con un mazo de firmas, después de descalificarlos como “minoría”, pero carente de propuestas de futuro para la Universidad, revela su talante de dirección para que sepamos a qué atenernos si resultan elegidos?

¿Qué idea de democracia hay detrás de ese comunicado? ¿La tropera, acrítica y desinstitucionalizadora que no ve contradictores de los que aprender sino enemigos para eliminar?

No se engañen, apreciados colegas: ni nos van a acobardar, ni van a convencer a los electores de que se vota a favor o en contra de un periódico, ni lograrán sembrar la idea de que callar y temer sean virtudes para dirigir una Universidad.

Ahora bien, si todo ese comunicado no fue más que un paso en falso en un momento acalorado (a propósito, se les devolvió como un bumerán) y tienen propuestas serias para el futuro del Externado, aquí encontrarán interlocutores ávidos de encontrar salidas en común frente al atolladero en el que nos metió la administración actual. No olviden que han podido encauzar sus aspiraciones de dirigir el Externado gracias a las puertas que desde EL RADICAL hemos ido abriendo para la democracia universitaria.

Hace unos días se le presentó a la comunidad académica un proyecto de reforma al plan de estudios de Derecho, elaborado por una comisión que, bajo cierta reserva, había sido convocada por la Decana para ese efecto y que tiene como novedad importante la propuesta de semestralización de la carrera. Quien esto escribe ha propugnado en varias ocasiones por esa semestralización, siempre bajo el criterio de que no se trata de un fin en sí mismo, sino de una herramienta adecuada para la modernización de la Facultad, porque permite una depuración del contenido de las asignaturas tradicionales (mal podría consistir en la simple división de las materias actuales en dos), favorece la incorporación de nuevos contenidos, es compatible con la flexibilidad y la interdisciplinariedad que hoy se imponen en la vida universitaria y remoza el compromiso del cuerpo docente con su labor, ante la necesidad de salir adelante de modo exitoso con un proyecto renovado.

Sin embargo, el proyecto se queda corto en la flexibilidad y la interdisciplinariedad que promete y mantiene una estructura de asignaturas tremendamente rígida, con lo cual el sistema de créditos académicos seguiría siendo, como hasta hoy, un simple asunto administrativo de conteo de horas para presentar en documentos oficiales y no una modalidad de educación universitaria abierta a la flexibilidad, en la que algunas asignaturas son esenciales o troncales y por tanto obligatorias, pero otras, las más, son complementarias y electivas. Así, los estudiantes podrían decidir si le apuntan a una formación jurídica de tipo general o si, a cambio, prefieren profundizar en alguna de las ramas específicas de la profesión jurídica, o bien asumir la posibilidad de doble titulación.

También se advierte la necesidad de incorporar en el currículo la posibilidad de que los estudiantes se vinculen a proyectos de investigación, obviamente con obtención de créditos académicos, pues la Facultad no puede ser simplemente una escuela de transmisión de conocimientos sino el foro por excelencia para la creación de los mismos.

De igual modo, se observa que algunas de las asignaturas que se presentan como nuevas no son esenciales para la formación de todo abogado y por tanto deberían ser electivas y no obligatorias, que se mantienen contenidos repetidos en el área de Derecho Privado y que se desoye, sin justificación alguna, el clamor de numerosos profesores y estudiantes por darle a los derechos humanos mayor cabida en el plan de estudios. 

Así las cosas, el proyecto presentado no puede asumirse más que como el punto de partida para una modernización genuina de la Facultad. No es conveniente, ni realista, andarse ahora con prisas y pretender que en este fatídico año 2020 quede aprobado el asunto, sin suficiente deliberación, escrutinio y maduración por la comunidad académica. Estamos además en una coyuntura de emergencia por la pandemia del coronavirus, que dificulta enormemente la comunicación adecuada entre los protagonistas de la vida universitaria. Esto es algo muy serio que no podemos despachar en un par de reuniones por Zoom.

Además, hay que tener en cuenta que un nuevo plan de estudios acarreará, por necesidad, una reflexión profunda sobre los métodos de enseñanza, una reforma al reglamento de la facultad, un estatuto docente acorde con la flexibilidad y la interdisiciplinariedad prometidas y, también, por supuesto, una reorganización administrativa de la Facultad.

Aquí va un abrebocas de preguntas que tendremos que responder antes de darle carpetazo al proyecto presentado: ¿Se va a conservar la norma según la cual se pierde al año/semestre por la pérdida de más de dos asignaturas y obligaremos a los estudiantes a repetir unos créditos que ya aprobaron? ¿Vamos a seguir evaluando de modo casi puramente memorístico? ¿Vamos a implementar la figura de los docentes asistentes de cátedra, distintos a los titulares? ¿Un profesor o profesora podría dedicarse exclusivamente a la investigación y otro u otra sólo a la docencia? ¿Cómo se articulan las funciones entre la decanatura y las direcciones de departamentos? ¿Vamos hacia una decanatura con funciones administrativas y unos departamentos con funciones académicas, o todo lo contrario?

¡Es evidente que seguiremos discutiendo esto incluso el año entrante!

El confinamiento obligatorio que se decretó en medio mundo para disminuir los contagios de Covid-19 trajo como consecuencia que, de un día para otro, la educación universitaria tuviera que trasladarse a las clases a distancia, a los seminarios en línea, a las prácticas y exámenes en aplicaciones de software y, en general, a la vida académica sin contacto entre sus protagonistas y sin el entorno maravilloso del campus universitario.

El Externado no ha sido ajeno a todo eso, y como medida de emergencia tuvo que migrar a las volandas a “Zoom”, plataforma a la que hay que agradecerle que hayamos podido culminar el semestre académico en medio de estas circunstancias tan adversas. Tengo la percepción de que los estudiantes y profesores hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para superar este reto inédito y así seguir adelante con nuestros planes universitarios.

Pero de ahí a proponer, sin más, que dado que la pandemia nos obligó a familiarizarnos con unas plataformas de internet y que el resultado no ha sido desastroso, entonces ha llegado la hora de implantar la educación virtual como modelo permanente de enseñanza, y además, que esa decisión le corresponde a la administración universitaria sin previa deliberación y acuerdos con la comunidad académica, hay un largo trecho erizado de riesgos que no se debe recorrer sin suficiente reflexión y sin el consentimiento informado de esa misma comunidad. Lo que está en juego no es la capacidad de los profesores para familiarizarse con unos programas de computador –como lo creen los propagandistas de la virtualidad–, sino la posibilidad de lastimar lo que define al Externado: una educación humanista en ciencias sociales con rigor científico, comprometida con la libertad, crítica, sin dogmas y volcada hacia los problemas de la sociedad colombiana.

En ese orden de ideas, antes de lanzarse a ofrecer programas virtuales, la primera tarea sería determinar si la educación a distancia por mecanismos electrónicos es un medio idóneo para la realización de esos principios del Externado, porque a primera vista pareciera que una educación sin contacto físico entre los estudiantes, es decir, sin la vida efervescente de las aulas, los pasillos y los cafés universitarios, y sin las discusiones que surgen de modo espontáneo en ese hábitat natural que es el campus, se asemeja más bien a un proceso solitario y acrítico de acopio de información que a una educación universitaria humanista.

Es importante recordar que en las Universidades que gozan de prestigio, los conocimientos, más que adquirirse, se crean. Ni qué decir de la formación ciudadana de unos estudiantes que apenas se verían con otros y a cambio pasarían aún mas horas de soledad ante sus pantallas conectados a internet. También habría que servirse de los datos ya existentes sobre la deficitaria calidad académica de buena parte de los programas de educación virtual que se ofrecen en varios países del mundo, entre ellos Colombia.

Si después de esas reflexiones se sigue adelante con el plan de virtualización, entonces cabría elegir cuáles de las herramientas informáticas que se ofrecen en el mercado son las adecuadas para que la Universidad se sirva de ellas, no vaya a ser que terminemos sacrificando lo que hemos sido por adaptarnos a una máquina, es decir, reduciendo la Universidad a lo que esos programas de internet permitan hacer.

Es obvio que esos programas son novedosos, pero no nos engañemos: tienen limitaciones importantes y no son ninguna panacea. En buena parte, mediante ellos se puede hacer lo mismo que se logra, sin tantas pretensiones, con una combinación de correo electrónico y mensajes de sonido o de imagen como los que ya se han vuelto comunes en las redes sociales. Se suele ofrecer como ventaja de las aplicaciones tipo Moodle o Zoom que ofrecen la posibilidad de un control casi total de la actividad que en ellas se despliega, lo cual más bien entraña un peligro cierto y grave para la libertad de cátedra y para otros derechos y libertades de estudiantes y profesores. Todo ello hay que advertirlo antes de zarpar.

Así que mejor vayamos sin prisas por ese camino de la virtualidad. El discurso autocomplaciente del Centro de Educación Virtual de la Universidad, con sus documentos de bonitos colores pero mal redactados y con sus trámites burocráticos casi kafkianos, no va a convencer a la masa crítica del Externado de aceptar, así porque sí, que ya está decidido que el futuro de la Universidad es virtual, que unas personas sin mayor experiencia en docencia saben más del oficio de formar profesionales que los profesores que se han dedicado a ello por años, y que el manejo de la jerga enrevesada de los pedagogos y los técnicos en informática le agrega valor a la vida universitaria, vida que muchos no concebimos sin la existencia de una comunidad humana viva, presente, deliberante, crítica y soñadora.

El viernes 13 de marzo de este 2020 (desde ya: annus horribilis) tuve la clase que, según parece, habré de recordar como la última presencial en este año escolar. Fue una sesión vespertina de cuatro horas de mi seminario electivo sobre Derechos Humanos, dirigido a los estudiantes de las maestrías en Derecho. Esa misma mañana había tenido mi clase habitual de derecho constitucional con los estudiantes de primer año y, con unos y otros, quedamos de vernos a la semana siguiente. Ya se respiraba nerviosismo en el ambiente: varias personas ponían su frasco de gel antibacterial sobre sus pupitres y otras tantas dudaban si saludarse de mano, de beso o de lejos y fracasaban en el intento de hacerlo con el codo sin que resultara ridículo. Nadie se imaginó, sin embargo, que a partir de entonces nos mudaríamos al mundo raro de las videoconferencias, encerrados todos en nuestras casas, viendo aumentar el número de enfermos y de muertos, pero intentado seguir adelante con nuestros proyectos académicos, sin ninguna certeza aún hoy sobre si todo esto valdrá la pena, ni sobre cuándo podremos volver a la normalidad. Desde entonces he pasado muchas horas, muchísimas, frente a mi computador en la plataforma Zoom. He sentido el mismo dolor de ojos del que me hablan los estudiantes, he visto que mi dedicación al trabajo se ha incrementado notablemente apenas para mantener el rendimiento de antes y que pierdo la concentración con más facilidad; por supuesto también he descubierto aplicaciones muy buenas de software y trucos que antes no conocía. Como no tengo la obsesión triunfalista que a veces campea entre mis colegas y admito que en todas estas novedades soy un aprendiz, me atrevo a lanzar las siguientes reflexiones en público, fruto de mi experiencia de estas semanas:

1. Las clases largas son terribles. El Externado se acostumbró a las sesiones de posgrado concentradas en cuatro días con dedicación a jornada completa de los estudiantes, muchas veces con el mismo profesor durante ocho horas seguidas con apenas una breve pausa para almorzar. Estoy convencido de que esas sesiones, así sean presenciales, son una mala estrategia pedagógica. Pero frente a un computador son insoportables. Nadie resiste una conferencia de cuatro o cinco horas frente a una pantalla, y menos aún si el profesor se vale de unas plantillas de power point que sólo le sirven a él. Eso no funciona. Después de 40 minutos nadie está prestando atención. Esta reflexión vale también para las jornadas extenuantes de pregrado, así se cambie de asignatura cada dos horas.

2. La educación a distancia debe ser primordialmente asincrónica, de modo que le permita a cada estudiante manejar su horario, ver, leer, escuchar o escribir en los momentos que le resulten más propicios, y así reservar los encuentros simultáneos (sincrónicos) para discutir la información recibida, plantear problemas, intentar resolverlos y pensar en soluciones. Dicho en otros términos: las sesiones en video conferencias deben ser marginales. Probablemente esto nos lleve a replantearnos también esa estrategia cuando volvamos a vernos en las aulas de nuestro campus.

3. Los grupos muy numerosos están haciendo aguas. Es evidente que la única estrategia pedagógica posible cuando un profesor tiene en frente a grupos de 50, 100, 150 o más estudiantes, es la cátedra magistral. Ante esos números, no hay posibilidades serias de hacer un seminario, o de ensayar fórmulas de evaluación permanente. Pero un profesor frente a un grupo pequeño de estudiantes, que pueda combinar unas pocas conferencias magistrales con buenas sesiones de seminario, que sea hábil para hacer sugerencias de acceso a información de calidad y que le deje tiempo a los estudiantes para aprender y pensar, podría darnos como resultado una educación de calidad muchísimo mejor a la que teníamos a principios de este año.

4. Por supuesto que se me hace agua la boca al pensar en el día en que pueda volver al salón de clases y comenzar con una de las frases más entrañables del ambiente universitario de mi querida ciudad de Salamanca, atribuída por igual a Fray Luis de León y a Miguel de Unamuno cuando retomaron sus cátedras después de lo que ellos les tocó llevar cuesta arriba: “Como decíamos ayer …”

Por fin, después de infinidad de aplazamientos con los pretextos más peregrinos, se va a renovar en mayo la representación profesoral en el Consejo Directivo. Quienes hemos abogado por la democratización, la renovación y el fortalecimiento institucional de nuestra alma mater vemos que, así sea con años de retraso, comienzan a recogerse nuestros reclamos. Ya va siendo hora de superar el marasmo en el que quedó sumida la Universidad ante el cambio de Rector hace ocho años. En este mismo espacio manifesté hace unos meses que para renovar el Consejo Directivo teníamos un punto de partida frágil: la ausencia de reglas electorales previas, que por su antigüedad no suscitaran sospechas de contener elementos distorsionadores a favor o en contra de algunas candidaturas específicas. No hubo una discusión abierta sobre tales reglas, pese a lo cual es justo admitir que se acertó al haber establecido la votación por listas y no por personas, y al emplear el sistema del “cociente electoral” para el reparto de los escaños. Sin embargo, como el diablo está en los detalles, sería conveniente suprimir otras reglas, o al menos modificarlas, porque tienen potencial para nublar un episodio universitario que no puede darse el lujo de no ser ejemplar.

1. El censo electoral se conformará sólo con quienes acrediten antigüedad en la Universidad mediante “contrato laboral escrito”. Los estatutos contienen al efecto una expresión mucho más precisa: “regentar cátedra”. Hay quienes tienen contrato laboral escrito con funciones académico-administrativas, pero en verdad no regentan ninguna cátedra; y así mismo, hay quienes han desempeñado docencia por años, mediante una modalidad contractual que la institución utiliza regularmente, como es la del contrato de prestación de servicios. ¿Por qué excluir a estas últimas con ese pretexto y por otro lado, abrir la posibilidad de incluir a personas que no se han desempeñado como docentes? ¿Así mismo, si legalmente el contrato laboral entre particulares no tiene la formalidad de ser escrito, a qué responde esa exigencia de una formalidad innecesaria?
2. Cada lista se conformará por doce aspirantes (seis principales y seis suplentes) que deben acreditar antigüedad mayor a 15 años. Este tiempo de docencia da fe, con suficiente solvencia, de la seriedad y el conocimiento de esos candidatos. ¿Para qué entonces establecer que otras dos personas deban presentar la lista y que cinco adicionales deban respaldarla? En un universo electoral relativamente pequeño en el que muchos nos conocemos personalmente, esa disposición atenta contra el secreto del voto.
3. El evento electoral tiene que rodearse de la mayor legitimidad y eso se logra con una participación más plural en la organización y celebración de las elecciones, así como con una transparencia rigurosa en todas sus fases. Pero le delegación de la mayor parte de toda la organización electoral a la Secretaría General no satisface esa exigencia.

A principios de septiembre, Colciencias publicó la versión preliminar de su medición de grupos colombianos de investigación, la cual tendrá vigencia durante los próximos años. A la convocatoria se habían presentado algo más de 8 mil grupos de investigación, de los cuales 5.276 superaron los requisitos iniciales para ser analizados por esa entidad. Esa cifra inicial impresiona: se podría pensar que estamos en un país volcado hacia las ciencias, con una academia vanguardista y pujante, pero todos sabemos que eso sería una exageración, pues la realidad es mucho más modesta. Tal vez es más acertado pensar que en el país hay un número interesante de grupos serios de investigación, y que también se cuelan entre ellos un buen puñado de burócratas y mercenarios pseudoacadémicos cuya existencia y financiación dependen de un guiño de Colciencias. En fin, la medición actual (vale la pena resaltar que es la actual, porque Colciencias cambia de criterios con enorme frecuencia), distingue entre grupos de calidad “A-1”, “A”, “B”, “C” y “Reconocidos sin Clasificar”. Según esos barremos, en Colombia hay en este momento 740 grupos de investigación de calidad “A1”, seguidos por 962 de clase “A”, 1.490 que alcanzaron la clasificación “B”, 1.809 de tipo “C” y por último 275 que quedaron registrados sin clasificación. Los factores que determinan la calificación que recibe un grupo están relacionados, en general, con el número e impacto de sus “productos”, su antigüedad y el reconocimiento académico de sus integrantes. Se supone que la clasificación de cada grupo se alcanza en comparación con otros de la misma área de conocimiento. Es decir, no se comparan los grupos de geología con los de psicología, ni los de ciencias exactas con los de ciencias sociales, pero sí los de áreas afines, para así determinar cuáles parecen ser de mejor calidad. El Externado se presentó a la convocatoria con 41 grupos, de los cuales cuatro obtuvieron la calificación de “A-1”, 13 quedaron en “A”, el mismo número en “B” y 11 en “C”. En términos porcentuales llanos, eso quiere decir que el 0,78% de los grupos inscritos en Colciencias está en nuestro Externado. Alguien podría decir que ese porcentaje es indicativo de una Universidad marginal en investigación, pero todos estamos dispuestos a sostener que eso no es así. Para las dimensiones del Externado, que sólo se dedica a las ciencias sociales, 41 grupos acreditados es una buena cifra. Además, cuatro de esos grupos fueron clasificados como “A-1”, lo cual es satisfactorio, aunque si se coteja ese número con el total de grupos de esa categoría de excelencia, apenas llega al 0,54%. Una cifra interesante, ¡pero no como para repicar campanas!

Vayan al respecto estas reflexiones:

1. Los cuatro grupos del Externado que fueron clasificados como “A-1” merecen felicitación, reconocimiento y sobre todo apoyo institucional (léase económico) para que puedan seguir mejorando. Esos grupos son “Ópera”, de la Facultad de Finanzas, “Gestión Organizacional” de Administración de Empresas, “Comunicación Política” de la Facultad de Comunicación Social, y por supuesto, “Derecho Constitucional” de la Facultad de Derecho, del cual formo parte hace años. Enhorabuena para todas las personas que los integran y para quienes han tenido a su cargo la pesada carga de entendérselas con Colciencias.
2. Los resultados son soprendentes si se tiene en cuenta que la Universidad no tiene una política institucional acertada de fomento a la investigación y que por tanto depende de esfuerzos casi siempre individuales y que han recibido nula o muy escasa financiación específica. Si se quieren mejores resultados en el futuro, hay que tomarse en serio la investigación.
3. Por contrapartida, los resultados son modestos si se tiene en cuenta que el Externado tiene una editorial propia, volcada hacia la publicación de los aportes de sus docentes, y que lanza un importante número de libros y revistas cada año.
4. Colciencias es una institución defectuosa, un tanto errática y muy burocratizada (más que intelectualizada). Pero es la entidad oficial del Estado colombiano para la medición de la ciencia y la tecnología, y el Externado se ha propuesto sobresalir en los índices que esta entidad elabora. Nuestra Universidad podría ser crítica con Colciencias, pero ha optado por seguir sus baremos de medición sin rechistar.
5. La puntuación de Colciencias no depende tanto de la calidad de los productos de investigación de cada grupo, sino del acierto en la forma como se presentan esos productos en los hostiles formularios computarizados de la entidad. Dos libros semejantes pueden obtener una puntuación muy diferente, según la forma como sus datos hayan sido introducidos a la plataforma de Colciencias. En ese sentido, el Estado colombiano podría no estar propiciando la mejora de la calidad de la investigación en el país, sino más bien fomentando la creación en cada Universidad de oficinas especializadas en presentar los productos de investigación del modo que más puntos reporten.
6. Flaco favor le hace al espíritu crítico de la Universidad la publicación triunfalista de los resultados: (https://www.uexternado.edu.co/la-universidad/colciencias-reconoce-grupos-e-investigadores-del-externado/). No estamos ante unos datos desalentadores, es verdad, pero sí ante grandes desafíos para tener un lugar más destacado en el panorama científico nacional e internacional. Hay mucho por hacer en diferentes órdenes. Por ejemplo, las autoridades de la Universidad bien podrían comenzar por trasmitir la información sin exageraciones y con algo de pudor autocrítico. Su forma de proceder en esta noticia es contraria a la esencia del pensamiento universitario. Seamos serios: no ha habido un salto cuantitativo en investigación en los últimos años en el Externado, tampoco hemos crecido tanto como para hablar de uno cualitativo.  Dove si grida, non é vera scienza.

Hace ya más de un año, a partir de una fuerte agitación emocional que padecieron algunos colegas con ocasión de una solicitud que otros le habíamos presentado al Consejo Directivo de la Universidad para que se renovara antes de la designación del Rector, se activó por fin la deliberación del cuerpo profesoral del Externado. Su principal decisión a partir de entonces, y probablemente la única que quede registrada para los anales de la Universidad, fue darle cauce al órgano que los estatutos denominan “Consejo de Profesores”, que no es otra cosa que la asamblea de quienes día a día impulsamos la enseñanza y la investigación en la Universidad, es decir, los protagonistas de su razón de ser, su fundamento. Se consideró entonces que era procedente redactar un reglamento para ese Consejo, lo cual se logró luego de numerosas reuniones en las que, además de los vaivenes propios de un cuerpo plural, se pudieron superar varios intentos velados (y no tan velados) de sabotaje. Por fin, a principios de este año se le remitió al Consejo Directivo, para su formalización, el texto aprobado. Ahora resulta que ese Consejo Directivo diezmado, cuyo mandato está extinguido hace años, y sin dar a conocer sus argumentos, le introdujo varias modificaciones, una de las cuales obstaculiza de modo prácticamente insuperable el funcionamiento de las asambleas de profesores, mediante unas exigencias de quórum y mayorías que todos sabemos, por experiencia como profesores y como ciudadanos, que son inalcanzables. La disposición respectiva establece lo siguiente: “Para las reuniones ordinarias y extraordinarias, el quórum deliberativo se formará, en la primera convocatoria, con las dos terceras partes de los miembros que conforman el Consejo de Profesores; en la segunda, con la mitad más uno de estos, y en la tercera, con la tercera parte de los miembros”. El texto aprobado por los profesores determinaba, a diferencia del expedido, que en la tercera convocatoria era suficiente con la comparecencia de “cualquier número de asistentes”.

Veamos los siguientes datos que están a disposición de todos, y especialmente de los miembros del Consejo Directivo: el cuerpo profesoral con antigüedad mayor a cinco años (quienes no alcancen esa experiencia no integran la asamblea) está compuesto, en números redondeados, por 800 personas. Dos terceras partes de esa cifra son 533, más de la mitad son 401 y un tercio son 267. Ahora bien, el dato más importante es que desde abril de 2018 ha habido seis asambleas de profesores y sólo en dos de ellas se logró un número de asistentes superior al tercio de los miembros. Nunca se han reunido más de la mitad de los profesores, y menos aún, los dos tercios. Así las cosas, lo más probable es que el Consejo de Profesores así reglamentado no pueda volver a reunirse, por falta de quórum. Sin embargo, ahí no terminan los problemas, pues si llega a hacerlo, la verdad es que no podrá decidir nada, porque otra de las modificaciones introducidas por el Consejo Directivo consiste en que, aunque las decisiones de trámite se tomarán con el voto de la mayoría de los asistentes, ninguna decisión importante de esa asamblea puede tomarse sino con un número favorable de votos que además de superar esa mayoría, nunca sea inferior a un tercio de los miembros del Consejo, sin importar cuantos hayan asistido. En números, ninguna decisión importante puede aprobarse sin un número de votos favorables inferior a 267, según las cifras del párrafo anterior. Entonces, si llegare a conformarse el quórum de un tercio, que es la única posibilidad realista de operar, las decisiones importantes habría que tomarlas prácticamente por unanimidad. Además, el reglamento promulgado por el Consejo Directivo dispone que “Por regla general, todas las decisiones del Consejo de Profesores se adoptarán mediante votación nominal y pública”. Incluso las cuestiones de simple trámite tendrán que aprobarse así, a solicitud de uno solo de los miembros del Consejo. Habrá pues que llamar a lista, uno a uno a los asistentes para que de viva voz diga “sí” o “no”, hasta para una simple alteración del orden del día o una moción de orden. ¿Señores del Consejo Directivo –digo señores porque no hay allí ninguna mujer-, Ustedes creen que no nos damos cuenta de que con esto se está bloqueando a la Asamblea de Profesores, y por extensión, a la Universidad? Pero ahí no terminan las modificaciones introducidas por el Consejo Directivo al texto elaborado por el cuerpo profesoral: a las funciones de la Asamblea se le suprimen, entre otras, las de presentar propuestas de estatutos profesorales, hacer propuestas sobre las condiciones laborales, académicas y de respeto de los derechos de sus miembros, así como las relacionadas con la “paridad de oportunidades”. El Consejo Directivo aquí no solo deja en evidencia el pánico que le produce cualquier deliberación que pueda auspiciar un mínimo embrión de asociación sindical, sino también su desconexión enorme con el grueso del cuerpo profesoral. Los señores del Consejo Directivo combinan todos la docencia con otras actividades profesionales de las cuales derivan su congruo sustento personal y familiar, y por ello tienen la opinión de que resulta un tanto pedestre discutir sobre asuntos salariales, derechos y paridad. Pero la Universidad de los salones de clase, esa que le ha apostado a la formación doctoral del profesorado y a la formalización de la carrera docente, está integrada en buena parte por personas que trabajan en la Universidad a tiempo completo y con dedicación exclusiva a ella, y por supuesto es justo, legítimo, necesario y conveniente que ellas y ellos participen en la discusión de los asuntos salariales, de derechos, oportunidades y paridad que van a determinar sus condiciones de vida personal, profesional y académica. Recordemos que, a pesar de la mezquina supresión por parte del Consejo Directivo de la expresión “órgano fundamental” con la que el preámbulo del proyecto de reglamento se refería al Consejo de Profesores, en verdad, los profesores somos el fundamento y la esencia de la Universidad. Según otra reglamentación recientemente expedida, en la mil veces anunciada y aplazada elección de los representantes del profesorado para el Consejo Directivo de la Universidad, se podrán candidatizar sólo quienes acrediten una antigüedad mayor a quince años en la docencia universitaria en el Externado, con vínculo mediante “contrato laboral escrito”. ¿Por qué no se tiene en cuenta la experiencia docente desarrollada mediante otro vínculo utilizado por la Universidad como el contrato de prestación de servicios? ¿Acaso eso no es docencia? ¿Cómo evitar las suspicacias frente a la expresión “contrato laboral escrito”? Lo habíamos advertido hace algunos meses en este mismo rincón del Radical: El evento [la elección de profesores al Consejo Directivo] tiene además un punto de partida que no es deseable en ninguna democracia: la ausencia de reglas electorales previas, que no susciten sospechas de haber sido elaboradas ad hoc, con algún efecto distorsionador que tienda a premiar o a castigar a alguna candidatura”.

Hace alrededor de veinte años un trío de notables sembró la idea de desarrollar en Colombia un programa académico que contribuyera de modo específico al mejoramiento de la compleja situación de derechos humanos que se vivía en el país y que a la vez fomentara una colaboración recíproca entre estudiosos de dos instituciones que por varias razones parecían llamadas a hermanarse. Los notables eran Fernando Hinestrosa, Gregorio Peces-Barba y Luis Villar Borda; las instituciones: el Externado y el Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Esa idea cristalizó en un convenio de intercambios académicos que ha dado varios frutos y en un ambicioso programa de Maestría en “Derechos Humanos y Democratización”, que se ha impartido sin interrupción en Bogotá desde el año 2006 y que es homologable al título oficial que le permite a sus egresados continuar con su doctorado en Madrid, si así lo deciden. Se pactó que el programa estuviera codirigido por ambas instituciones en condiciones de igualdad y que la movilidad de profesores fuera recíproca. Los primeros codirectores fuimos Miguel Ángel Ramiro, por la Carlos III, y quien esto escribe, por el Externado. Todos los que hayan gestionado programas académicos saben lo dispendioso que es diseñar un plan de estudios que luego hay que someter a mil trámites burocráticos, licencias estatales, solicitudes de financiación, y luego presentarlo ante una comunidad académica que por definición es escéptica y crítica.

Todo eso se hizo con éxito, en tándem, y la criatura comenzó a andar. Recuerdo que para las primeras promociones de la maestría requerimos de subsidio por parte de la cooperación española, ya que la movilidad de profesores acarreaba unos gastos para los que eran insuficientes los fondos de las matrículas, pero a partir del tercer año la maestría ya superó esos puntos de equilibrio y se pudo sostener sin acudir a financiación externa. Recuerdo también que cuando el proyecto comenzó a dar sus primeros frutos académicos, para sorpresa de quienes lo gestionábamos comenzó también a dejar excedentes económicos, y la Universidad Carlos III renunció a ellos en lo que proporcionalmente podía corresponderle. Aún me produce viva emoción la evocación de las reuniones de los equipos de profesores, españoles y colombianos, comprometidos sinceramente en el diseño del mejor programa curricular posible para cada curso, pendientes de las variaciones que convenía introducirle, en un ambiente académicamente riguroso pero también fraternal, francamente empeñado en poner nuestro grano de arena profesional en la mejora de nuestro sistema político y de convivencia. Recuerdo también, con iguales sentimientos, las “Semanas de Maestría” en las que, mes tras mes, viajaba a Bogotá un profesor desde Madrid (a veces varios) a compartir cátedra con los nuestros frente a los estudiantes. Por supuesto, en mi memoria también están las clases que los nuestros impartieron en Madrid, porque el programa era en todo bilateral. No tengo la menor duda de que el programa ha sido útil a nuestra sociedad. Algunos de sus egresados han colaborado luego activamente en la construcción de nuestra paz, ya sea desde las instituciones que tuvieron a su cargo la negociación con la antigua guerrilla de las Farc o luego en su fase de implementación. Otros han ingresado luego al poder judicial, lo que ha hecho visible la huella de la maestría en la jurisprudencia (en numerosas ocasiones con citas explícitas a los textos de los profesores), otros, en fin, decidieron continuar la carrera académica en Madrid. Por todo ello y por otras razones que callaré, me impactó que nuestro Externado decidiera hace unas semanas, de modo unilateral, sin haberlo conversado con nuestros aliados, dar por terminados tanto el programa de maestría como el convenio con el Instituto Bartolomé de las Casas de la Carlos III. Es posible que el programa requiriera de un nuevo remozamiento, o de alguna transformación en sus objetivos, y estoy seguro de que si el Externado hubiera manifestado sus nuevas propuestas, se habrían podido pactar las modificaciones. Pero no fue así. Simplemente la Universidad le notificó a la Carlos III que el programa no se renueva y le agradeció sus servicios. Sinceramente, colegas del Externado, así no se trata a un socio leal, comprometido y persistente, que además (y esto no es común) nos había tratado como iguales. Esta lamentable noticia me ha hecho pensar en lo errado que es considerar que los logros del presente son irreversibles. A pesar de nuestro discurso de profesores sobre la rigidez jurídica, la progresividad y la fuerza normativa de las cláusulas de derechos humanos, lo cierto es que su permanencia no está garantizada ni resulta obvia ni consolidada. La democracia colombiana todavía dista enormemente de ser plenamente eficaz y tenemos grandes desafíos en la edificación de un régimen satisfactorio de derechos humanos, pero en vez de avances son retrocesos lo que está al orden del día, como se puede ver tanto en la política como en la Universidad. Mil gracias a todos los estudiantes que desde el año 2006 confiaron en nuestra oferta académica: su formación profesional fue siempre la razón principal del programa; mil gracias a los colegas y amigos españoles que con devoción venían a Bogotá mes tras mes: sus semillas han dado frutos y seguirán dándolos; mil gracias a Miguel Ángel Ramiro, Javier Ansuátegui y María del Carmen Barranco por su compromiso con los derechos humanos de los colombianos y por su fraternidad generosa: sus amistades quedan para siempre y su talante ya está en nuestro corazón. Mil gracias, en fin a esos tres grandes, Hinestrosa, Peces-Barba y Villar: menos mal no están aquí para pasar esta vergüenza.

Desde hace varios años se viene hablando en el Externado de la necesidad de un estatuto docente, a lo cual se agrega, al menos en su Facultad de Derecho, una discusión ya envejecida sobre la reforma de su plan de estudios. Si se trata de propuestas serias, entonces es necesario aprovechar esas dinámicas para decidir qué lugar va a ocupar en el quehacer profesoral la docencia (o enseñanza) y cuál va a ser el de la investigación, lo cual, por lo demás, significa nada menos que definir el perfil futuro de la Universidad. Admitamos que hasta ahora el Externado ha sido una institución profundamente profesionalizante, que por tanto los docentes hemos estado volcados hacia la enseñanza, y que la investigación científica no ha sido nuestra seña de identidad. Admitamos también que esa labor profesionalizante ha sido históricamente exitosa: los egresados del Externado han gozado de reputación como buenos profesionales, entre nuestro personal ha habido siempre catedráticos sobresalientes y afamados, y las aulas de nuestra montaña siempre han estado repletas de estudiantes que, en general, quedan satisfechos con la formación que reciben. Desde que yo conozco al Externado lo que se reconoce es la docencia, lo que se remunera es la docencia y lo que se evalúa es la docencia. Y según muchos indicadores, eso históricamente ha funcionado bien.

Tal vez sea lo anterior lo que nos ha llevado a darle un papel secundario a la investigación, respecto de la cual no hay una política institucional acertada para su fomento. Las autoridades de la Universidad han considerado que la investigación es un apéndice de la docencia, se han negado a admitir que es costosa (y que la remuneración del investigador es sólo uno de sus rubros), que sus resultados no son inmediatos y por tanto no se pueden medir en ciclos semestrales o anuales (tal vez tampoco en términos individuales), y que en las ciencias sociales la investigación nunca ha tenido, en general, el reconocimiento del que sí goza en otras áreas del conocimiento. Esta situación personalmente la percibo como un bloqueo institucional a la investigación, pero en los tiempos más recientes, lo que hemos visto es que las autoridades de la Universidad simplemente han incorporado una especie de mantra regañón en sus exposiciones ante los profesores, a los que ritualmente nos reprochan que los productos de investigación son escasos y de poca relevancia. ¿Escasos respecto de qué? ¿Del número de horas de clase impartidas? ¿De su contribución a las finanzas de la Universidad? ¿Poco relevantes según qué parámetros? ¿Los de las ciencias exactas? Por fortuna las cosas parecen comenzar a aclararse, o al menos eso puede deducirse de una reciente reunión entre la Decana de la Facultad de Derecho y el cuerpo docente del área de Derecho Constitucional. Allí quedó en evidencia que no se trata de que los profesores estén desentendidos de la investigación, sino que han hecho, y muy bien, precisamente lo que la Universidad históricamente ha fomentado: enseñar Derecho; y como apéndice se han ingeniado lo mejor que han podido para ofrecer resultados de investigación. Todo esto sin un fomento adecuado para esa actividad, que comienza por la inexistencia de metas y planes concertados, y de una muy errada decisión de la administración, en virtud de la cual a los proyectos de investigación no se le destinan fondos económicos específicos. Seamos serios: la investigación científica no se impulsa manipulando miedos o sentimientos de culpa entre los investigadores y la Universidad no puede esperar que por un cierto arte de magia, sin ningún esfuerzo institucional, lluevan consultorías, indexaciones, patentes, equipos científicos y resultados, en fin, como los que la docencia sí le ha reportado gracias a todo lo que hizo para llegar a ese lugar.

Hace pocas semanas se renovó la representación estudiantil en el Consejo Directivo de la Universidad. No es exagerado afirmar que la elección de los representantes estudiantiles forma parte de la rutina universitaria, pues aunque es verdad que no se aplica con rigor el término bienal establecido, sí se celebran elecciones periódicas, libres y competitivas, cuyos resultados le confieren al órgano una traza de legitimidad y le dan alientos para la dirección de la casa de estudios. Las elecciones estudiantiles, por lo demás, nunca han generado traumatismos para la marcha de la institución. Lamentablemente, la representación profesoral, que es mayoritaria en el Consejo, sigue sin renovarse hace más de quince años, a pesar de la claridad del período de dos años fijado en el reglamento. Son ya demasiadas las excusas y los argumentos peregrinos que se han dado para aplazar indefinidamente esta renovación, que la Universidad reclama al unísono. Es triste en verdad el panorama el de los colegas que permanecen enquistados en ese órgano, en el cual carecen ya de iniciativa, de reconocimiento y de proyección. En la actualidad no hay ninguna profesora mujer en el Consejo Directivo, aunque buena parte de quienes día a día sacan adelante esta Universidad son mujeres. Tampoco hay, con una excepción, profesores con la titulación académica que hoy es usual para desempeñar la carrera docente, y varios de ellos han dedicado su vida profesional más a la política, al notariado o al ejercicio de la abogacía que a las labores académicas. Ninguno de ellos se ha dedicado con exclusividad a la docencia universitaria.

Ciertamente nada de esto es ilícito, pero también es verdad que esa composición no corresponde casi en nada con la universidad contemporánea, integrada por profesoras y profesores que en buena parte son de tiempo completo, con habilitación para la investigación académica y ganas de llevarla a cabo, que compiten por publicar en editoriales con reconocimiento científico y que se mantienen en contacto permanente con colegas de otras instituciones de educación superior y otros países. En pocas palabras, una comunidad mucho más profesional y madura para la docencia y la investigación, aunque con edades en promedio por debajo de los 50 años. Los profesores del Consejo Directivo no se han dado cuenta de esta transformación y del impulso que puede tener el Externado si logra combinar exitosamente el esfuerzo de esa comunidad tan robusta y bien preparada. Tal vez, se acostumbraron al liderazgo sobresaliente del Rector Hinestrosa, que siempre tenía ideas y planes atinados para engrandecer y mejorar la Universidad. En esa época, era lógico que el Consejo Directivo fuera más un comité de refrendación (o de aplausos, en términos coloquiales), frente al torrente intelectual del gran Rector. Esa situación cambió de modo notable, pero el Consejo no lo ha asimilado y se mantiene como antaño huérfano de iniciativas, nostálgico de un pasado glorioso cuya inercia se ha ido debilitando, y cada vez más desentendido de las dinámicas de la vida académica. Los episodios de opacidad en la información de sus sesiones y de reelección secreta del Rector son una penosa muestra de ello.