• 2020-09-19
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Mentiras rectorales

La contestación rectoral de Juan Carlos Henao al derecho de petición presentado por varios profesores deja más interrogantes que respuestas.

A principios del pasado mes de junio varios de los profesores que se expresan libremente en esta tribuna le presentaron al Rector Henao una solicitud en la que invocaron el derecho de petición para obligarlo a que respondiera de fondo sobre varios problemas que su deficiente gestión no ha podido o no ha querido enfrentar, o para que al menos informara seriamente sobre cuestiones que toda la comunidad universitaria ve con preocupación creciente. Esos profesores le plantearon de frente y sin la adulación que tanto le gusta, pero que lo tiene perdido, las mismas inquietudes que muchos otros miembros de la comunidad universitaria rumoran en voz baja.

El Rector se tomó 40 días para responder y mientras tanto hizo algunos cambios relacionados con la solicitud, para así poder manifestar con soberbia que se presentaba una especie de “sustracción de materia” en varias de las solicitudes. Era más propio de su cargo, en verdad, haber admitido que gracias a la petición había corregido algunas decisiones suyas anteriores y haber aceptado otras que siguen sin adecuada respuesta.

Para ilustrar, van dos ejemplos:

1) Después de más de un año en el que infundadamente se le había negado al profesor Andrés González su derecho a participar en las reuniones del Consejo Directivo de la Universidad, este fue finalmente aceptado allí como miembro principal. El Rector, en su respuesta, ha podido evitarse una página entera de narración de sucesos y consideraciones personales sobre el asunto y admitir que a esa solicitud puntual se aceptaba. En cualquier caso, las farragosas líneas de su respuesta no ocultan lo evidente: la solicitud de los profesores era procedente y por tanto la integración del Consejo Directivo cambió.

2) Al momento de presentarse la solicitud, las elecciones de la representación profesoral en el Consejo Directivo estaban suspendidas, sin previsiones ciertas para reanudarse y sin fecha acordada para su celebración. En la respuesta se informa sobre su reanudación y el nuevo calendario electoral, lo que pone en evidencia que se acogió la solicitud, aunque lamentablemente sin atender el reclamo muy extendido de encomendarle su organización a una dependencia que le ofrezca a la comunidad universitaria garantías que no brinda la concentración de todo el evento en la Secretaría General.

También hay que manifestar que otras de las respuestas son francamente inadmisibles para quien ya está en la etapa final del ejercicio de su cargo, como aquella en la que, frente a la solicitud de expedición de un genuino estatuto profesoral responde, luego de más de 8 años de ejercicio de las funciones rectorales, que “se presentará próximamente al Consejo Directivo el tema, para efectos de realizar una primera evaluación del mismo”. O aquella otra en la que le manifiesta a los peticionarios que “la totalidad de las solicitudes presentadas ante la Universidad Externado de Colombia son resueltas, ya sea que se trate de derechos de petición, requerimientos o quejas, por citar algunos ejemplos”, cuando lo cierto es que la rectoría NUNCA ha respondido las preguntas que mensualmente se le han formulado desde EL RADICAL.

Mención aparte merece la solicitud sobre rendición pública de cuentas y solicitud de auditoría externa independiente, con exhibición de la relación de ingresos y egresos, comprobantes, facturas, recibos y la totalidad de los asientos contables. El Rector afirma que anualmente le ha rendido cuentas al Consejo Directivo, pero omite informar que se ha tratado, invariablemente, de episodios puramente formales en los que se le ha presentado a sus miembros una información escueta, puramente general, sin desagregación y sin posibilidad ni tiempo suficientes para contrastarla, como ocurriría en cualquier órgano directivo serio que deba aprobar ese tipo de cuentas. Una rendición de cuentas es un ejercicio serio y exigente de transparencia, bilateral, en el que se informa a la comunidad universitaria sobre el estado de la gestión, cuyos miembros tienen la posibilidad de pedir información, solicitar explicaciones, hacer evaluaciones y presentar propuestas para mejorar, premiar o sancionar los resultados presentados. El Rector confunde una rendición de cuentas con un ritual unilteral e insustancial ante el Consejo Directivo en el que muestra unos datos sin soportes y recaba las firmas de sus miembros para cumplir con la normativa contable y fiscal, sin ofrecer elementos que les permitan a sus miembros enterarse de la verdadera situación económica, institucional, administrativa y sobre todo académica de la institución. Cabe precisar que esas cuentas han sido aprobadas por mayoría de votos en el Consejo Directivo, pero no con la unanimidad de la que tanto se ufana.

De otro lado, el Rector resalta los resultados de algo que denomina “rendición especial de cuentas” (que no auditoría) de la firma Price Waters Coopers, a la que se le solicitó que respondiera un cuestionario de 14 preguntas acordadas por el Consejo Directivo (al que para entonces no acudía el profesor Andrés González), con la aclaración de que “si no se hicieron más preguntas fue porque nadie lo consideró necesario”. El Rector no informa, sin embargo, que no se ha publicado ante la comunidad universitaria el resultado de esa “rendición especial de cuentas” limitada a 14 preguntas, y que incluso cuando él mismo le presentó esos resultados al Consejo Directivo lo hizo de forma incompleta, pues la representación estudiantil advirtió que en el informe entregado se hacía alusión a una carpeta a cuyo contenido no se les permitió acceder.

Ante ese modo de proceder, aunque responda cien veces lo mismo, el Rector tendrá que entender que persisten las dudas sobre el estado económico del Externado y que la opacidad sigue siendo el sello de su gestión. Sólo una genuina auditoría independiente, sin límites en el acceso a la información, con acceso pleno a toda la documentación que requiriera, podría suplir esas carencias de lo que él llama rendición de cuentas.

Por último, la respuesta al derecho de petición permite apreciar, eso sí, la intempreancia rectoral, la descalificación de toda crítica, el desprecio frente al desacuerdo y la infinita vanidad de quien responde. Menos mal ya falta poco.

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