A principios de septiembre, Colciencias publicó la versión preliminar de su medición de grupos colombianos de investigación, la cual tendrá vigencia durante los próximos años. A la convocatoria se habían presentado algo más de 8 mil grupos de investigación, de los cuales 5.276 superaron los requisitos iniciales para ser analizados por esa entidad. Esa cifra inicial impresiona: se podría pensar que estamos en un país volcado hacia las ciencias, con una academia vanguardista y pujante, pero todos sabemos que eso sería una exageración, pues la realidad es mucho más modesta. Tal vez es más acertado pensar que en el país hay un número interesante de grupos serios de investigación, y que también se cuelan entre ellos un buen puñado de burócratas y mercenarios pseudoacadémicos cuya existencia y financiación dependen de un guiño de Colciencias. En fin, la medición actual (vale la pena resaltar que es la actual, porque Colciencias cambia de criterios con enorme frecuencia), distingue entre grupos de calidad “A-1”, “A”, “B”, “C” y “Reconocidos sin Clasificar”. Según esos barremos, en Colombia hay en este momento 740 grupos de investigación de calidad “A1”, seguidos por 962 de clase “A”, 1.490 que alcanzaron la clasificación “B”, 1.809 de tipo “C” y por último 275 que quedaron registrados sin clasificación. Los factores que determinan la calificación que recibe un grupo están relacionados, en general, con el número e impacto de sus “productos”, su antigüedad y el reconocimiento académico de sus integrantes. Se supone que la clasificación de cada grupo se alcanza en comparación con otros de la misma área de conocimiento. Es decir, no se comparan los grupos de geología con los de psicología, ni los de ciencias exactas con los de ciencias sociales, pero sí los de áreas afines, para así determinar cuáles parecen ser de mejor calidad. El Externado se presentó a la convocatoria con 41 grupos, de los cuales cuatro obtuvieron la calificación de “A-1”, 13 quedaron en “A”, el mismo número en “B” y 11 en “C”. En términos porcentuales llanos, eso quiere decir que el 0,78% de los grupos inscritos en Colciencias está en nuestro Externado. Alguien podría decir que ese porcentaje es indicativo de una Universidad marginal en investigación, pero todos estamos dispuestos a sostener que eso no es así. Para las dimensiones del Externado, que sólo se dedica a las ciencias sociales, 41 grupos acreditados es una buena cifra. Además, cuatro de esos grupos fueron clasificados como “A-1”, lo cual es satisfactorio, aunque si se coteja ese número con el total de grupos de esa categoría de excelencia, apenas llega al 0,54%. Una cifra interesante, ¡pero no como para repicar campanas!

Vayan al respecto estas reflexiones:

1. Los cuatro grupos del Externado que fueron clasificados como “A-1” merecen felicitación, reconocimiento y sobre todo apoyo institucional (léase económico) para que puedan seguir mejorando. Esos grupos son “Ópera”, de la Facultad de Finanzas, “Gestión Organizacional” de Administración de Empresas, “Comunicación Política” de la Facultad de Comunicación Social, y por supuesto, “Derecho Constitucional” de la Facultad de Derecho, del cual formo parte hace años. Enhorabuena para todas las personas que los integran y para quienes han tenido a su cargo la pesada carga de entendérselas con Colciencias.
2. Los resultados son soprendentes si se tiene en cuenta que la Universidad no tiene una política institucional acertada de fomento a la investigación y que por tanto depende de esfuerzos casi siempre individuales y que han recibido nula o muy escasa financiación específica. Si se quieren mejores resultados en el futuro, hay que tomarse en serio la investigación.
3. Por contrapartida, los resultados son modestos si se tiene en cuenta que el Externado tiene una editorial propia, volcada hacia la publicación de los aportes de sus docentes, y que lanza un importante número de libros y revistas cada año.
4. Colciencias es una institución defectuosa, un tanto errática y muy burocratizada (más que intelectualizada). Pero es la entidad oficial del Estado colombiano para la medición de la ciencia y la tecnología, y el Externado se ha propuesto sobresalir en los índices que esta entidad elabora. Nuestra Universidad podría ser crítica con Colciencias, pero ha optado por seguir sus baremos de medición sin rechistar.
5. La puntuación de Colciencias no depende tanto de la calidad de los productos de investigación de cada grupo, sino del acierto en la forma como se presentan esos productos en los hostiles formularios computarizados de la entidad. Dos libros semejantes pueden obtener una puntuación muy diferente, según la forma como sus datos hayan sido introducidos a la plataforma de Colciencias. En ese sentido, el Estado colombiano podría no estar propiciando la mejora de la calidad de la investigación en el país, sino más bien fomentando la creación en cada Universidad de oficinas especializadas en presentar los productos de investigación del modo que más puntos reporten.
6. Flaco favor le hace al espíritu crítico de la Universidad la publicación triunfalista de los resultados: (https://www.uexternado.edu.co/la-universidad/colciencias-reconoce-grupos-e-investigadores-del-externado/). No estamos ante unos datos desalentadores, es verdad, pero sí ante grandes desafíos para tener un lugar más destacado en el panorama científico nacional e internacional. Hay mucho por hacer en diferentes órdenes. Por ejemplo, las autoridades de la Universidad bien podrían comenzar por trasmitir la información sin exageraciones y con algo de pudor autocrítico. Su forma de proceder en esta noticia es contraria a la esencia del pensamiento universitario. Seamos serios: no ha habido un salto cuantitativo en investigación en los últimos años en el Externado, tampoco hemos crecido tanto como para hablar de uno cualitativo.  Dove si grida, non é vera scienza.

Hace ya más de un año, a partir de una fuerte agitación emocional que padecieron algunos colegas con ocasión de una solicitud que otros le habíamos presentado al Consejo Directivo de la Universidad para que se renovara antes de la designación del Rector, se activó por fin la deliberación del cuerpo profesoral del Externado. Su principal decisión a partir de entonces, y probablemente la única que quede registrada para los anales de la Universidad, fue darle cauce al órgano que los estatutos denominan “Consejo de Profesores”, que no es otra cosa que la asamblea de quienes día a día impulsamos la enseñanza y la investigación en la Universidad, es decir, los protagonistas de su razón de ser, su fundamento. Se consideró entonces que era procedente redactar un reglamento para ese Consejo, lo cual se logró luego de numerosas reuniones en las que, además de los vaivenes propios de un cuerpo plural, se pudieron superar varios intentos velados (y no tan velados) de sabotaje. Por fin, a principios de este año se le remitió al Consejo Directivo, para su formalización, el texto aprobado. Ahora resulta que ese Consejo Directivo diezmado, cuyo mandato está extinguido hace años, y sin dar a conocer sus argumentos, le introdujo varias modificaciones, una de las cuales obstaculiza de modo prácticamente insuperable el funcionamiento de las asambleas de profesores, mediante unas exigencias de quórum y mayorías que todos sabemos, por experiencia como profesores y como ciudadanos, que son inalcanzables. La disposición respectiva establece lo siguiente: “Para las reuniones ordinarias y extraordinarias, el quórum deliberativo se formará, en la primera convocatoria, con las dos terceras partes de los miembros que conforman el Consejo de Profesores; en la segunda, con la mitad más uno de estos, y en la tercera, con la tercera parte de los miembros”. El texto aprobado por los profesores determinaba, a diferencia del expedido, que en la tercera convocatoria era suficiente con la comparecencia de “cualquier número de asistentes”.

Veamos los siguientes datos que están a disposición de todos, y especialmente de los miembros del Consejo Directivo: el cuerpo profesoral con antigüedad mayor a cinco años (quienes no alcancen esa experiencia no integran la asamblea) está compuesto, en números redondeados, por 800 personas. Dos terceras partes de esa cifra son 533, más de la mitad son 401 y un tercio son 267. Ahora bien, el dato más importante es que desde abril de 2018 ha habido seis asambleas de profesores y sólo en dos de ellas se logró un número de asistentes superior al tercio de los miembros. Nunca se han reunido más de la mitad de los profesores, y menos aún, los dos tercios. Así las cosas, lo más probable es que el Consejo de Profesores así reglamentado no pueda volver a reunirse, por falta de quórum. Sin embargo, ahí no terminan los problemas, pues si llega a hacerlo, la verdad es que no podrá decidir nada, porque otra de las modificaciones introducidas por el Consejo Directivo consiste en que, aunque las decisiones de trámite se tomarán con el voto de la mayoría de los asistentes, ninguna decisión importante de esa asamblea puede tomarse sino con un número favorable de votos que además de superar esa mayoría, nunca sea inferior a un tercio de los miembros del Consejo, sin importar cuantos hayan asistido. En números, ninguna decisión importante puede aprobarse sin un número de votos favorables inferior a 267, según las cifras del párrafo anterior. Entonces, si llegare a conformarse el quórum de un tercio, que es la única posibilidad realista de operar, las decisiones importantes habría que tomarlas prácticamente por unanimidad. Además, el reglamento promulgado por el Consejo Directivo dispone que “Por regla general, todas las decisiones del Consejo de Profesores se adoptarán mediante votación nominal y pública”. Incluso las cuestiones de simple trámite tendrán que aprobarse así, a solicitud de uno solo de los miembros del Consejo. Habrá pues que llamar a lista, uno a uno a los asistentes para que de viva voz diga “sí” o “no”, hasta para una simple alteración del orden del día o una moción de orden. ¿Señores del Consejo Directivo –digo señores porque no hay allí ninguna mujer-, Ustedes creen que no nos damos cuenta de que con esto se está bloqueando a la Asamblea de Profesores, y por extensión, a la Universidad? Pero ahí no terminan las modificaciones introducidas por el Consejo Directivo al texto elaborado por el cuerpo profesoral: a las funciones de la Asamblea se le suprimen, entre otras, las de presentar propuestas de estatutos profesorales, hacer propuestas sobre las condiciones laborales, académicas y de respeto de los derechos de sus miembros, así como las relacionadas con la “paridad de oportunidades”. El Consejo Directivo aquí no solo deja en evidencia el pánico que le produce cualquier deliberación que pueda auspiciar un mínimo embrión de asociación sindical, sino también su desconexión enorme con el grueso del cuerpo profesoral. Los señores del Consejo Directivo combinan todos la docencia con otras actividades profesionales de las cuales derivan su congruo sustento personal y familiar, y por ello tienen la opinión de que resulta un tanto pedestre discutir sobre asuntos salariales, derechos y paridad. Pero la Universidad de los salones de clase, esa que le ha apostado a la formación doctoral del profesorado y a la formalización de la carrera docente, está integrada en buena parte por personas que trabajan en la Universidad a tiempo completo y con dedicación exclusiva a ella, y por supuesto es justo, legítimo, necesario y conveniente que ellas y ellos participen en la discusión de los asuntos salariales, de derechos, oportunidades y paridad que van a determinar sus condiciones de vida personal, profesional y académica. Recordemos que, a pesar de la mezquina supresión por parte del Consejo Directivo de la expresión “órgano fundamental” con la que el preámbulo del proyecto de reglamento se refería al Consejo de Profesores, en verdad, los profesores somos el fundamento y la esencia de la Universidad. Según otra reglamentación recientemente expedida, en la mil veces anunciada y aplazada elección de los representantes del profesorado para el Consejo Directivo de la Universidad, se podrán candidatizar sólo quienes acrediten una antigüedad mayor a quince años en la docencia universitaria en el Externado, con vínculo mediante “contrato laboral escrito”. ¿Por qué no se tiene en cuenta la experiencia docente desarrollada mediante otro vínculo utilizado por la Universidad como el contrato de prestación de servicios? ¿Acaso eso no es docencia? ¿Cómo evitar las suspicacias frente a la expresión “contrato laboral escrito”? Lo habíamos advertido hace algunos meses en este mismo rincón del Radical: El evento [la elección de profesores al Consejo Directivo] tiene además un punto de partida que no es deseable en ninguna democracia: la ausencia de reglas electorales previas, que no susciten sospechas de haber sido elaboradas ad hoc, con algún efecto distorsionador que tienda a premiar o a castigar a alguna candidatura”.

Hace alrededor de veinte años un trío de notables sembró la idea de desarrollar en Colombia un programa académico que contribuyera de modo específico al mejoramiento de la compleja situación de derechos humanos que se vivía en el país y que a la vez fomentara una colaboración recíproca entre estudiosos de dos instituciones que por varias razones parecían llamadas a hermanarse. Los notables eran Fernando Hinestrosa, Gregorio Peces-Barba y Luis Villar Borda; las instituciones: el Externado y el Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Esa idea cristalizó en un convenio de intercambios académicos que ha dado varios frutos y en un ambicioso programa de Maestría en “Derechos Humanos y Democratización”, que se ha impartido sin interrupción en Bogotá desde el año 2006 y que es homologable al título oficial que le permite a sus egresados continuar con su doctorado en Madrid, si así lo deciden. Se pactó que el programa estuviera codirigido por ambas instituciones en condiciones de igualdad y que la movilidad de profesores fuera recíproca. Los primeros codirectores fuimos Miguel Ángel Ramiro, por la Carlos III, y quien esto escribe, por el Externado. Todos los que hayan gestionado programas académicos saben lo dispendioso que es diseñar un plan de estudios que luego hay que someter a mil trámites burocráticos, licencias estatales, solicitudes de financiación, y luego presentarlo ante una comunidad académica que por definición es escéptica y crítica.

Todo eso se hizo con éxito, en tándem, y la criatura comenzó a andar. Recuerdo que para las primeras promociones de la maestría requerimos de subsidio por parte de la cooperación española, ya que la movilidad de profesores acarreaba unos gastos para los que eran insuficientes los fondos de las matrículas, pero a partir del tercer año la maestría ya superó esos puntos de equilibrio y se pudo sostener sin acudir a financiación externa. Recuerdo también que cuando el proyecto comenzó a dar sus primeros frutos académicos, para sorpresa de quienes lo gestionábamos comenzó también a dejar excedentes económicos, y la Universidad Carlos III renunció a ellos en lo que proporcionalmente podía corresponderle. Aún me produce viva emoción la evocación de las reuniones de los equipos de profesores, españoles y colombianos, comprometidos sinceramente en el diseño del mejor programa curricular posible para cada curso, pendientes de las variaciones que convenía introducirle, en un ambiente académicamente riguroso pero también fraternal, francamente empeñado en poner nuestro grano de arena profesional en la mejora de nuestro sistema político y de convivencia. Recuerdo también, con iguales sentimientos, las “Semanas de Maestría” en las que, mes tras mes, viajaba a Bogotá un profesor desde Madrid (a veces varios) a compartir cátedra con los nuestros frente a los estudiantes. Por supuesto, en mi memoria también están las clases que los nuestros impartieron en Madrid, porque el programa era en todo bilateral. No tengo la menor duda de que el programa ha sido útil a nuestra sociedad. Algunos de sus egresados han colaborado luego activamente en la construcción de nuestra paz, ya sea desde las instituciones que tuvieron a su cargo la negociación con la antigua guerrilla de las Farc o luego en su fase de implementación. Otros han ingresado luego al poder judicial, lo que ha hecho visible la huella de la maestría en la jurisprudencia (en numerosas ocasiones con citas explícitas a los textos de los profesores), otros, en fin, decidieron continuar la carrera académica en Madrid. Por todo ello y por otras razones que callaré, me impactó que nuestro Externado decidiera hace unas semanas, de modo unilateral, sin haberlo conversado con nuestros aliados, dar por terminados tanto el programa de maestría como el convenio con el Instituto Bartolomé de las Casas de la Carlos III. Es posible que el programa requiriera de un nuevo remozamiento, o de alguna transformación en sus objetivos, y estoy seguro de que si el Externado hubiera manifestado sus nuevas propuestas, se habrían podido pactar las modificaciones. Pero no fue así. Simplemente la Universidad le notificó a la Carlos III que el programa no se renueva y le agradeció sus servicios. Sinceramente, colegas del Externado, así no se trata a un socio leal, comprometido y persistente, que además (y esto no es común) nos había tratado como iguales. Esta lamentable noticia me ha hecho pensar en lo errado que es considerar que los logros del presente son irreversibles. A pesar de nuestro discurso de profesores sobre la rigidez jurídica, la progresividad y la fuerza normativa de las cláusulas de derechos humanos, lo cierto es que su permanencia no está garantizada ni resulta obvia ni consolidada. La democracia colombiana todavía dista enormemente de ser plenamente eficaz y tenemos grandes desafíos en la edificación de un régimen satisfactorio de derechos humanos, pero en vez de avances son retrocesos lo que está al orden del día, como se puede ver tanto en la política como en la Universidad. Mil gracias a todos los estudiantes que desde el año 2006 confiaron en nuestra oferta académica: su formación profesional fue siempre la razón principal del programa; mil gracias a los colegas y amigos españoles que con devoción venían a Bogotá mes tras mes: sus semillas han dado frutos y seguirán dándolos; mil gracias a Miguel Ángel Ramiro, Javier Ansuátegui y María del Carmen Barranco por su compromiso con los derechos humanos de los colombianos y por su fraternidad generosa: sus amistades quedan para siempre y su talante ya está en nuestro corazón. Mil gracias, en fin a esos tres grandes, Hinestrosa, Peces-Barba y Villar: menos mal no están aquí para pasar esta vergüenza.