Se posesiona como decana de la Facultad de Derecho la profesora Emilssen González de Cancino, de amplias ejecutorias en el Externado y también en diferentes responsabilidades públicas y privadas, lo cual es motivo de regocijo y satisfacción en la Universidad.

No se trató de una designación a dedo pues la doctora Emilssen compitió con otros magníficos aspirantes, como Paula Robledo Silva y Jorge Iván Rincón, dos jóvenes exponentes del profesorado de la Facultad de Derecho que están llamados a ejercer importantes responsabilidades en el futuro.

Luego de una votación que favoreció a la doctora Emilssen, el rector optó por nombrarla y con ello hizo un reconocimiento de admiración y gratitud por la nueva decana que llega en un momento trascendental para la Universidad.

La doctora Emilssen tiene las horas de vuelo y la credibilidad en la comunidad externadista para liderar jornadas de importancia como la definición de la modificación del pensum de la Facultad de Derecho, la semestralización de la carrera, la adopción de un estatuto profesoral equilibrado y pluralista, la acreditación  y en general la modernización de nuestra centenaria escuela de Derecho, proyectos todos urgentes que inexplicablemente se fueron quedando dilatados por la inercia e incompetencia de la pasada administración. 

Los externadistas recibimos con tranquilidad el nombre de la distinguida profesora en la decanatura de Derecho, y muchos nos preguntamos cómo es que ello no había ocurrido antes. La administración de Juan Carlos Henao desaprovechó la feliz oportunidad de haber designado a la doctora González de Cancino como la primera decana, pues prefirió honrar a su más cercana semejanza y amiga. Los resultados quedaron a la vista y por eso es imposible no reconocer que la nueva decana haya tenido la generosidad de someter su nombre a un concurso, con lo cual hizo un gesto inolvidable de humildad y de amor infinito por el Externado que tanto ama y al que le ha dedicado más de 50 años.

Y es que una tarea impostergable que la entrante decana sabrá asumir y llevar a buen puerto, es la de reconstruir los hilos de la concordia que lamentablemente quedaron rotos por las inexpertas manos que asumieron esas responsabilidades con criterio excluyente y clientelista. La nueva decana registra el impresionante récord de haber sido docente de todas las demás generaciones de quienes hoy deambulamos en los pasillos de la Universidad presurosos para dictar clase. Salvo uno o dos profesores de su propia generación, todos hemos disfrutado de las lecciones de nuestra maestra de Derecho Romano. Mi primer contacto con la Universidad fue con la hoy decana quien entonces adelantaba las entrevistas a la muchachada que llegábamos a tocar las puertas del Externado.

Se vienen días de calma y de prosperidad que hace tiempo nos están haciendo falta. No hay duda de que la nueva decana acertará y también que si se equivocare estará presta a rectificar y a dialogar sin pretensiones de imponer su voluntad o sus personales posturas.

Quedamos, pues, en las mejores manos, como justo es reconocerlo, también lo estuvimos en las de la joven doctora Jhoana Alexandra Delgado de Brigard, quien con buen tino y prudencia ejerció con brillo y desprendimiento el encargo en la decanatura.

Al recibir a la doctora Emilssen lo hacemos con mucha esperanza en el futuro, ensombrecido solo porque en este instante feliz siempre nos hace falta el genial Antonio Cancino, a quien también sus discípulos le estamos agradecidos.

¡Bienvenida! Buen viento y buena mar.

En el pasado nos quedamos sin conocer la rendición de cuentas porque la anterior administración, presidida por Juan Carlos Henao, se negó rotundamente a ello. Hoy se nos habla de que el rector Hernando Parra Nieto encontró un déficit operacional gigantesco en la Universidad que alcanza la suma de $38.420 millones, y no se nos ha explicado cuál o cuáles son las causas de ese desastre, quiénes son los responsables del mismo, ni que hará el Externado para sancionar a quienes ejecutaron lo que debió obedecer a una administración desleal.

En eso consiste una rendición de cuentas, a la que tiene derecho la comunidad externadista en cualquier tiempo. El Externado es una fundación sin ánimo de lucro, puesta al servicio del más noble interés de contribuir a la educación superior de los colombianos, pero en estos tiempos parece no entenderse ese postulado que estamos obligados a honrar en memoria de Nicolás Pinzón Warlosten y Diego Mendoza Pérez.

¿Qué pudo haber pasado en los tiempos de la década pérdida de Juan Carlos Henao para que la Universidad, siempre próspera, terminara en semejante situación de alarma patrimonial? Que no nos vengan a decir que todo fue obra de la pandemia, cuando ya se empiezan a perfilar varias decisiones administrativas que resultaron ruinosas y equivocadas. Eso es lo que debe saberse ahora, ya que en el inmediato pasado el autoritarismo que entonces reinaba se resistió a respetar ese derecho inalienable de todos los externadistas a estar cabalmente enterados.

Hoy necesitamos saber si han tenido incidencia en la mala situación económica los numerosos contratos que en épocas de Henao se suscribieron con encopetados asesores que ningún servicio ni utilidad le han prestado a la Universidad, no obstante haber recibido religiosa y mensualmente importantes remuneraciones. ¿Quiénes son esos asesores, cuánto les han pagado? Y lo que es todavía más urgente ¿Siguen estando vinculados a la costosa e inútil nómina? De ser así ¿Qué tiene que pasar para que esos acomodados consultores renuncien y persistan en cargarle a la Universidad, que los acogió a cambio de nada, sus remuneraciones o para que sean despedidos de una vez por todas?

Lo otro que resulta inquietante es el tratamiento que algunos ex servidores del Externado le han dispensado para convertirlo casi que en una especie de su caja menor personal. Me refiero a las doctoras Marta Hinestrosa y Adriana Zapata, ex Secretaria General y ex decana de la Facultad de Derecho, de quienes hoy venimos a saber que gracias a sus exigencias negociales de las condiciones de su “retiro”, en realidad no han renunciado ni se han retirado de la Universidad. La primera, Hinestrosa, al parecer ha gozado de una licencia remunerada, mientras que la segunda, Zapata, si bien renunció a su desastrosa decanatura que tanto daño le causó a la Universidad, le fue creado un nuevo cargo para que no haga nada, pero donde se justifique un ingreso de cerca de $25.000.000 mensuales.

Todo indica que las doctoras Hinestrosa y Zapata aspiran a conseguir o definir mejores condiciones para sus pensiones de jubilación, en lo que les asiste el derecho, pero ¿Por qué tiene que ser el Externado el paganini de esas ambiciones?

Esa política benefactora no tenía presentación ni siquiera en épocas de bonanza, porque el Externado no es la plata de bolsillo de las aspiraciones salariales ni pensionales de nadie.

A todas estas ¿Cuáles han sido las nuevas condiciones laborales de quienes tuvieron que dejar sus cargos, como en el caso del ex rector Juan Carlos Henao, o del flamante ex asesor de la rectoría y hoy camuflado y permanente aspirante a decano de la Facultad de Derecho, Edgar Cortés? Esas son cosas que no pueden taparse con el manto del silencio porque son de interés colectivo y no solamente de cada uno de los interesados.

Y si el Externado no puede ser el apalancamiento para que algunos mejoren o sostengan sus ingresos y niveles de vida, tampoco puede ser el escenario para que unos conspiradores empeñados en responder con maniobras desleales la generosidad con la que han sido tratados por el rector Parra, anden ahora empeñados en agenciar candidaturas o promover nombres, usando el poder inamovible de algunos decanos obsecuentes con lo que quedó atrás, todo para amenazar e incomodar al actual rector. Entre otras cosas, siguen pelechando los decanos de la Facultad de Administración de Empresas y la de Comunicación, ¡Quién lo creyera! hoy habilitados como los más cercanos alfiles del nuevo rector, cuando antes lo hostigaron y le cerraron las puertas. ¡Vivir para ver!

Estudiantes y profesores hemos sobrevivido a este durísimo período de la pandemia, que no solo marcó la necesidad de trabajar virtualmente, sino que fue testigo del cambio de administración en la Universidad, al menos en lo que tiene que ver con el nuevo rector.

Tal vez el más sorprendente hallazgo de estos tiempos inciertos fue asistir a las mediciones de diferente índole que no arrojaron resultados halagüeños para la Facultad de Derecho. Son muchos los exalumnos que, con razón, están dolidos de leer esas noticias, y son reiterados sus llamados y reclamos indagando por lo que está pasando. No son los únicos, también en los pasillos de la Universidad hay zozobra, porque por primera vez en la historia nuestra centenaria y reputadísima Facultad no está en los puestos de comando.

La planta docente de la Facultad sigue estando en las mismas manos que hicieron posible el reconocimiento nacional e internacional de antaño. Si eso sigue siendo así, es urgente detectar cuál es el detonante de esta penosa situación que nos impone acuartelamiento de primer grado a quienes tenemos la responsabilidad de responder por la excelencia académica y el buen nombre de la Universidad.

Si nuestros estudiantes que han rendido pruebas han tenido malos resultados en esas evaluaciones, a no dudarlo no son ellos los únicos responsables. Hay algo allí estructural que amerita revisión urgente. En mi opinión, el sistema de evaluación impuesto a la brava y violando el principio de la libertad de cátedra, según el cual los exámenes finales no comprenden una rendición de todas las materias sino apenas de lo visto en clase desde el último parcial, constituye un elemento extraño y desconocido que puede explicar lo que está aconteciendo. Por fortuna, a partir del próximo semestre será restablecida la presencialidad y muchos esperamos que sea abolida esa odiosa y arbitraria regla de obligar al profesor a indagar como examen final lo que le parece a una decana que jamás ha sido profesora en pregrado.

Pero hay más. Es necesario precisar si las mediciones que se hacen de las facultades de Derecho se realizan de manera igual para todas, o si, como algunos lo reclaman, se están convocando cuidadosamente para que universidades de reconocido prestigio como la nuestra tengan mal suceso, sin importar que se perpetren atropellos. A la Universidad le ha llegado la hora de participar activamente en el diseño de la estructura y metodología de estas mediciones, para asegurarse de que nuestra población estudiantil está asistiendo a comprobaciones objetivas.

La rebeldía del Externado que nos ha identificado por 135 años tiene que traducirse, además, en el respeto por la autonomía universitaria, la cual, en mi criterio, en los últimos tiempos está siendo conculcada. Por ejemplo, la Universidad ha tenido que ocuparse del diseño de un costoso programa diseñado por el Ministerio de Educación para que puedan ofrecerse especializaciones y maestrías, al extremo de que el Gobierno inclusive se siente asistido del poder supremo de intervenir en la delimitación de contenidos académicos. Me pregunto ¿Por qué el Externado no ha asumido con fuerza el liderazgo de formular demandas contencioso administrativas cuestionando la legalidad de las decisiones de un Ministerio que como el de Educación cada vez más se comporta como si fuera rector de los centros universitarios y no como un servidor estatal independiente?

La consecuencia de esa pasividad sorprendente ha sido funesta. Mientras la Universidad está ahora invirtiendo cuantiosos recursos para cumplir las exigencias de un decreto recientemente expedido, nada fáciles de atender, no ha habido espacio ni vocación para ocuparse del preocupante resultado de las mediciones adversas a nuestra Facultad de Derecho, que nos tiene desvelados a muchos, incluyendo a nuestros fieles y abnegados egresados que siguen de corazón todo lo que acontece en su adorada alma mater.

El próximo año no solo volveremos a la presencialidad, sino que además el propósito debe dirigirse a no dejarse imponer de ningún Gobierno la agenda académica y a que se respete la autonomía universitaria, sino también a enfrentar el reto de ocupar los puestos de honor que con tanto esfuerzo construyeron las pasadas generaciones conquistaron para gloria del Externado.

En términos académicos habrá que hacer un balance de lo bueno y lo malo que nos ha dejado esta pandemia del Covid-19 de la que no salimos aún.

Hay cosas buenas, como reinventarnos docentes y estudiantes en la virtualidad, lo cual ha sido un esfuerzo gigantesco para todos. No solo para los alumnos, quienes han puesto de su parte grandes sacrificios. También para los profesores, y lo digo en nombre propio. Dictar un curso entero sin ver físicamente a los destinatarios de nuestras reflexiones, escribir en la pizarra de zoom, hacer chistes sin saber si fueron entendidos o si gustaron, en fin, hablar por largas jornadas sin tener la certeza de si la disertación gustó o no. Pero como no hay placer superior a dictar clase, esa tarea ha valido la pena. Hemos hecho historia todos. Cuando esto pase y vengan nuevas generaciones tendremos para decirles con orgullo que somos sobrevivientes de una pavorosa pandemia que por poco acaba también con la vida universitaria.

Pero también ha habido cosas no tan buenas y casi que malas. Por ejemplo, el esperpento de reducir los exámenes solamente a las materias nuevas, para que no haya pruebas acumuladas, que se acuñó dizque para facilitar el rendimiento de los alumnos, es un craso e imperdonable yerro.

Lo primero que ultrajó este nefasto sistema de exámenes no acumulados fue la libertad de cátedra, tan caro para nuestro credo fundacional del Externado. En efecto, una garantía democrática y pluralista de una enseñanza que se supone libre es la de que el docente pueda definir el mejor sistema para comprobar si sus alumnos adquirieron competencias e idoneidad en su materia. Imponerles a los profesores el temario sobre el cual deben evaluar a sus alumnos es una intromisión bárbara en el sagrado derecho de ejercer la libertad de examinar, que es parte de la de cátedra.

La manera de ayudar al estudiantado durante la pandemia no es relevándolos de los esfuerzos que todos hemos tenido que hacer para no dejar morir nuestra Universidad, sino manteniendo el mismo nivel de exigencia aun en medio de las dificultades. En el caso de mi materia de Derecho Procesal Civil Especial, el “hallazgo” de no acumular materia para los exámenes se traduciría en que para el examen final solo podría preguntar lo que me resta explicar en dos o tres clases finales y no sobre la totalidad de la materia. Si se trata de ayudar a los alumnos, el camino es ofrecerles espacios más amplios que les permitan estudiar todas las asignaturas, en vez de proponerles que estudien menos. Eso solo podía ocurrírsele a quien, no solo no tiene claro el concepto de las libertades públicas a las que nos debemos los hombres y mujeres de nuestro Externado, sino que tampoco conoce a fondo la vida universitaria.

Es más, esa solución brutal de reducir el temario de exámenes está muy relacionada con el descenso dramático en los resultados que están mostrando nuestros egresados de la Facultad de Derecho en las diferentes mediciones que han venido haciendo en los últimos tiempos distintas organizaciones. En efecto, si los profesores seguimos siendo los mismos, si los alumnos están cursando las mismas materias y siguiendo idénticos programas ¿Qué es lo que está pasando para que hoy los abogados del Externado no clasifiquen entre las diez primeras universidades, cuando hasta hace muy poco siempre estábamos en los tres primeros escaños?

Si lo que se ha cambiado es el sistema de evaluación, de manera que al final los estudiantes no son confrontados para que expongan un criterio amplio y suficiente de lo que aprendieron, sino lo últimamente visto, ello está fracturando el prestigio que habíamos ganado durante más de cien años.

Una Facultad de Derecho como la nuestra, donde tenemos cursos numerosos que impiden la comprobación permanente y rutinaria de lo alumnos, el examen final o acumulado se convierte en la más segura herramienta de ilustración para quien pretenda aprobar una asignatura y también para que el docente tenga la certeza de que sus conocimientos fueron efectivamente asimilados.

Es infortunado, por decir lo menos, que la saliente decana de la Facultad de Derecho, Adriana Zapata, en una actitud más prepotente que dialéctica, ahora esté recordándoles a estudiantes y profesores que los exámenes finales que muy pronto iniciaremos, no serán pruebas de todas las asignaturas, sino de lo que se haya visto luego del examen semestral o trimestral en adelante, lo que, se repite, conduce al ridículo de que en ciertas clases los alumnos tendrían que revisar solamente una o tres clases y relevarse de la carga edificante de confrontar y pensar sobre todo lo debatido y estudiado en un largo año académico.

Resulta inútil insistirle a la decanatura que revise tan deteriorante decisión, porque no ha oído ninguna razón, salvo la de su propia arrogancia de insistir en una medida que nos está conduciendo a la mediocridad. Eso es lo que no has dejado la pasada administración, si se quiere más grave y dramático que el déficit financiero que no ha sido capaz de explicar, pues de este hay como restablecerse, pero no del desprestigio académico.

Los estudiantes deben entender que el tal “beneficio” que se les ofrece de tener que estudiar menos por cuenta de las necesidades y dificultades de la pandemia del Covid-19, en el fondo y en el corto y largo plazo es un arma letal que los amenaza en su futuro profesional y en sus posibilidades laborales. Nunca antes la idoneidad y competencia de los abogados del Externado se había puesto en duda, solo ahora que en nombre del facilismo se les ocurrió entregarles a los alumnos un dulce envenenado para invitarlos a no esforzarse.

Tengo fe en los alumnos que he venido formando durante 45 años, y sobre todo en su pulcro sentido de la dignidad y la supervivencia. No es la hora de sucumbir sino la de sobrevivir sin comprometer la suficiencia y competencia que el país entero, incluidos nuestros malquerientes y envidiosos, no habían podido desconocer a los abogados etiquetados con la marca de ser externadistas.

Después de la desastrosa e improvisada gestión de la doctora Adriana Zapata, como primera decana de la Facultad de Derecho, es ya un hecho notorio y urgente que ella debe dejar el cargo que no ha honrado, para que, por fin, llegue a esa dignidad una persona que merezca el respeto y credibilidad, y no que reproduzca las divisiones y enfrentamientos.

El paso de la doctora Zapata por la decanatura no le dejó nada a la Facultad, pues, por el contrario, en vez de unir contribuyó a multiplicar los enfrentamientos. Imposible olvidar que fue ella la autora intelectual y gestora principal del famoso comunicado facturado contra quienes criticábamos a esa administración. No fue ella la única, en honor a la verdad, porque también fueron varios los que se sumaron a esa cruzada de difamación que nunca antes se había visto en los 135 años de vida del Externado.

Para no ir muy lejos, el ampuloso asesor de rectoría, Edgar Cortes, ejerció su cargo con arrogancia y con talante excluyente. Se le subieron los humos a la cabeza. Ahora dizque ha dado a conocer su aspiración para convertirse en el sucesor de Adriana Zapata, siguiendo precisas instrucciones de los clásicos viudos del poder, los mismos que creyeron que el Externado era patrimonio suyo.

¿Tiene Cortés las condiciones personales y académicas, y sobre todo la credibilidad en la facultad, para convertirse en decano? Por su recorrido como asesor del rector, cargo que nunca antes había existido en más de cien años, es evidente que no reúne las condiciones ni es dueño de la serenidad para liderar como decano nuestra facultad. Su actuación como asesor del rector no fue tranquila ni fructífera. Quién tiene responsabilidades de dirección en una universidad no puede ser fuente de conflictos, ni enredarse en dimes y diretes, como lamentablemente le ocurrió a Cortés. Más que haber asesorado al rector de entonces, se convirtió en el verdugo de las malquerencias del quinto piso.

A lo anterior ha de agregarse una consideración no menor que tiene que ver con los supuestos méritos académicos de Cortés, que en modo alguno lo ponen en situación de imprescindible a la hora de elegir un decano que entienda que sus responsabilidades han de ejercerse sin odio y sin perseguir a nadie.

El tema de designar nuevo (a) decano (a) no puede pasar por la necesidad de que quien aspire a esa dignidad busque restablecer los privilegios salariales de los que gozó variadamente en la pasada administración, como es el caso y la aspiración de Edgar Cortés. El tema no es de plata sino de estructuras.

El decano (a) debe ser una persona con ascendencia colectiva en toda la comunidad externadista, no un heredero de Henao, Marta Hinestrosa, Adriana Zapata, ni de nadie. Tiene que ser un profesor independiente, acatado y respetado por sus pares, no uno que haya bebido en las mieles del consentimiento y el proteccionismo de la familia Hinestrosa y que esté aspirando a mejorar su escala salarial.

Adicionalmente, quien sea la nueva (o) decana (o) además del reconocimiento al interior de la Universidad, debe ser un profesional reconocido en la comunidad jurídica. En todas las universidades que cuentan con facultades de Derecho se esmeran por llevar a sus decanaturas a profesionales que ya tienen audiencia en diferentes escenarios. Eso no nos puede resultar imposible a los externadistas. Más que querer, necesitamos un decano (a) cuyo nombre sea respetado entre nosotros, pero que no le resulte extraño al conglomerado jurídico en general. La experiencia de nombrar a alguien en cargos de privilegio en la Universidad, para que desde ese paraninfo intente construir una imagen pública y labrar aspiraciones políticas o burocráticas, ya nos dejó una amarga experiencia de la que esperamos recuperarnos pronto.