Hace siete años, apenas cerrada la tumba del doctor Fernando Hinestrosa, el Consejo Directivo que para entonces ya ajustaba quince años de haber sido nombrado, adoptó una reforma de los estatutos de la Universidad que ha cobrado trascendental importancia. En efecto, además de limitar el período del Rector a seis años, reelegible por tres más –lo cual dicho sea de paso fue groseramente violado con la última reelección express y casi secreta– la reforma estatutaria previó que la máxima cabeza de la Universidad sea de dedicación exclusiva a sus tareas universitarias, aunque quedó abierta una rendija para permitirle excepcionalmente asumir asuntos profesionales siempre con el visto bueno y previo del Consejo Directivo.

Tan sana reforma estatutaria estuvo encaminada no solo a lograr la dedicación exclusiva del Rector, sino a poner a salvo a la misma institución de los avatares y controversias que suscitan la intervención en pleitos o controversias, tanto más cuando en ellas algunos o varios de sus protagonistas son entidades públicas. El Colegio Mayor del Rosario desde hace mucho tiempo adoptó la sana política de prohibir a su Rector desempeñarse en escenarios ajenos a los académicos. La experiencia con el actual Rector muestra que esa sana prohibición en la práctica ha tenido tantas excepciones que hoy son la regla general. Henao alterna sus labores académicas con los afugias de los expedientes unas veces como árbitro, otras como asesor y en no pocas como abogado litigante. No hago referencia, por supuesto, a su protagonismo en el proceso de paz, tanto que en la retina de los intérpretes no quedó claro si a ello se vinculó él personalmente o la Universidad. Por loable que fuese el propósito de sumarse al proceso de paz con las FARC, el cual además también he apoyado pública pero personalmente en todos los escenarios, no parece conveniente que quien tiene sobre sus hombros la responsabilidad de conducir un centro académico que alberga miles de profesores y otro tanto de estudiantes e idéntico número de opiniones y pareceres, se involucre en actividades donde no aparezca claramente delineada si es un empeño personal o una actuación en nombre de la Universidad que orienta. Lo que está en juego es la necesidad de que la autonomía e independencia de la cima de una Universidad, donde además los espacios de discusión no existen, es la urgencia de que esos baluartes no se vean alterados por virtud de mezclar la dirección universitaria con responsabilidades profesionales relacionadas de una u otra manera con litigios. En una reciente reunión de directores de departamentos de la Facultad de Derecho, el Rector mostró su resistencia cuando el suscrito hizo alusión a este asunto, y se esforzó en que quedara claro que cuando él se ocupa de menesteres profesionales lo hace con el visto bueno del Consejo Directivo, el mismo que ideó esta edificante reforma que sin embargo no se ha preocupado de hacerla respetable. Las estadísticas no muestran que esos encargos abogadiles de distinto alcance en los que públicamente se ha visto la mano del Rector, hayan sido ocasionales y esporádicos, como era el propósito inicial, sino que ya tienen una frecuencia mayor. Es evidente que los profesores también ejercen su profesión como abogados; empero, su situación no es la misma de quien funge como Rector, porque aquellos no comprometen el nombre de su universidad, que sí queda indisolublemente ligado a las acciones y omisiones de su máxima autoridad. Es explicable que un Consejo Directivo sin aire, como el que hoy secunda a Henao en todo lo que se propone, haya perdido impulso en relación con esta sana restricción de exigir dedicación de tiempo completo a quien goza del inmenso honor de ser Rector de la Universidad, cargo que por lo demás está suficientemente remunerado, pero no por ello la idea debe ser proscrita. Por el contrario, es la hora de volver absoluta esa prohibición de manera que el Rector no se le vea en pleitos, tribunales arbitrales, enconadas disputas litigiosas, ni en nada que se le relacione, sino solamente en el imperturbable paraninfo pulcro y libre de la inteligencia.

La escogencia de un Rector de un centro académico o un Decano de una Facultad es un asunto de primordial importancia pues, dependiendo de su perfil y sus capacidades, dicha institución puede triunfar o naufragar en las competitivas y tempestuosas aguas de la escena académica. En 2017, la Universidad de Harvard anunció que su Rectora, la prestigiosa académica Drew Faust terminaría su mandato al finalizar el año. Ante dicho anuncio la Universidad emprendió una amplia búsqueda para encontrar la persona idónea que pudiera dirigir al gigante académico. Para adelantar esa pesquisa se instituyó un comité, llamado el “Comité de Búsqueda” compuesto por los miembros de la junta directiva -excluyendo a la Rectora saliente- y miembros de la Junta de Supervisores. Este equipo se encargó de enviar comunicaciones a todos los miembros de la comunidad, profesores, estudiantes, egresados y personal administrativo para solicitar nominaciones. Además, cada estamento de la Universidad creó un comité encaminado a nominar potenciales candidatos y revisar a los que se propusieran, de acuerdo a sus áreas de interés. Ese comité de búsqueda además se reunió con entidades externas y diseñó criterios de selección que permitirán aterrizar en el mejor candidato. Finalmente, de cara a la comunidad, la institución nombró a su actual Rector, el académico Lawrence S. Bacow.

Para nombrar un ejemplo más cercano, en la Universidad de Los Andes, los candidatos a Rector son propuestos por un Comité Nominador, quien se encarga de realizar una búsqueda amplia e incluyente de quiénes pueden ocupar el cargo directivo del alma mater. Dicho Comité somete los nombres de los candidatos al Consejo Superior que no es vitalicio. En este, el candidato ganador debe obtener una mayoría absoluta para obtener el nombramiento[1]. Actualmente, esa Universidad se encuentra en proceso de seleccionar su rector, entre tres magníficos candidatos, los economistas Alejandro Gaviria, Mauricio Cárdenas y Ana María Ibáñez. Esta es información pública y el debate entre los tres perfiles se da de cara a la comunidad. Esa Universidad ha conseguido el milagro de migrar de un Rector a otro sin comprometer su futuro, estabilidad y su pluralismo. Algo similar ocurre en esa misma institución con el nombramiento de Decano de alguna Facultad, que no es fruto de la omnímoda decisión del Rector, sino el resultado de un proceso de deliberación donde se estudian diferentes opciones. Adicionalmente, al menos en lo que tiene que ver con la Facultad de Derecho de los Andes, el Decano es designado por un período de dos años prorrogable por otros dos. Al término del período de cada Decano llega uno nuevo que retoma el rumbo de lo dejado por el antecesor y la Facultad sigue teniendo importante protagonismo en la vida nacional y en medio de la diversidad le sigue rindiendo culto al pluralismo. ¡Estamos lejos!

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[1] Estatutos de la Universidad de Los Andes: Artículo 31. El Rector será nombrado por el Consejo Superior para un período inicial de cuatro años, de uno o más candidatos que someta a su consideración el Comité Nominador, que para el efecto designe el Comité Directivo. Su nombramiento podrá prorrogarse por períodos de dos años. El Comité Nominador estará integrado por el Presidente del Consejo Superior, cinco Consejeros Numerarios, cinco Consejeros Permanentes y dos Consejeros Honorarios, y tendrá la responsabilidad de seleccionar los candidatos al cargo de Rector, previas las consultas necesarias, para recomendarlos al Consejo Superior. El Comité Nominador se disolverá una vez efectuado el nombramiento de Rector. Artículo 32. Para el nombramiento del Rector se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los Miembros Ordinarios que componen el quórum del Consejo Superior. En caso de que ninguno de los nombres presentados por el Comité Nominador obtenga el número de votos necesarios, el Consejo Superior procederá a someter a votación los nombres que estime convenientes.