Este periódico seguirá circulando como un órgano de opinión libre, crítico e independiente, al servicio de la comunidad académica de la Universidad Externado.
Le quedan las horas contadas a la administración saliente de la Universidad Externado que deja la sagrada heredad con muchos problemas y hondas fracturas que el nuevo rector Hernando Parra tendrá la inmensa responsabilidad de superar.
Gratitud con sus votantes, compromiso con una universidad unida, apoyo al nuevo rector e invitación al debate abierto, es el mensaje del segundo candidato más votado en la consulta.
El reciente proceso de elección del rector del Externado nos deja hechos para reflexionar sobre la cordura que prevalece, pero acechada por emociones irracionales que merodean.
La unión nos dará la seguridad y transparencia deseada en la Universidad. Llegó el momento de unificar esfuerzos y ponerlos al servicio de la Fundación Externado de Colombia.
Pese al silencio y apatía de las directivas del Externado, EL RADICAL sigue indagando por los temas que más le interesa conocer a la comunidad universitaria.
Es hora de semestralizar la carrera de derecho en el Externado
Por: Néstor Osuna.
Profesor ordinario de la Universidad Externado de Colombia.
Hay que admitirlo: el plan de estudios del pregrado del programa de Derecho del Externado requiere una importante renovación para que los egresados de nuestra querida Facultad mantengan el puesto de vanguardia que tradicionalmente han tenido.
Néstor Osuna, profesor ordinario de la Universidad Externado de Colombia.
Ese plan fue un acierto cuando lo diseñaron los maestros de hace varias generaciones, pero desde entonces el mundo ha cambiado de modo notable, y con él el ejercicio de la abogacía: en aquellos años no había Internet, ni bases electrónicas de datos, tampoco aulas virtuales; menos aún se consideraban la interdisciplinariedad, la flexibilidad de la oferta académica y la movilidad de estudiantes como elementos connaturales a la formación universitaria; además tampoco se planteaba un mundo globalizado en el que los abogados requieren de destrezas en asuntos internacionales, que muchas veces se desenvuelven, por cierto, en idiomas extranjeros.
Tenemos entonces que replantearnos los contenidos, los métodos y las estrategias pedagógicas de la formación que se imparte en nuestra Facultad. La semestralización de los estudios es una buena herramienta para ello, porque trae al menos los siguientes cinco beneficios:
Propicia una reflexión sobre el contenido de las asignaturas que conforman el plan de estudios actual, pues la semestralización no puede ser una simple división de las actuales en dos. Tendríamos la oportunidad de definir un núcleo básico, obligatorio, y abrir una oferta amplia para asignaturas especializadas electivas. En ese sentido, la semestralización acarrea el enriquecimiento de la oferta educativa.
Permite ofrecer asignaturas nuevas, que hoy todos echamos de menos, y eliminar repeticiones del plan actual, de las que también todos somos conscientes. Es decir, optimiza el trabajo académico.
Facilita la flexibilidad y la interdisciplinariedad, dado que las demás carreras de la Universidad son todas semestralizadas. Un estudiante de derecho podría tomar asignaturas en Economía o en Ciencias Sociales (por poner solo unos ejemplos). Incluso, la semestralización facilita pensar en la doble titulación.
Mitiga el impacto negativo de los fracasos académicos. Sin duda es menos traumático y costoso repetir una asignatura semestral, o incluso todo un semestre, que una materia anual o un año completo. En ese mismo orden de ideas, la semestralización facilita la suspensión o aplazamiento de materias, lo que permite mayor movilidad.
Compromete a la comunidad académica con una idea cuyo éxito tenemos que garantizar. En ese sentido, remoza el sentido de pertenencia y el protagonismo de los académicos en la Facultad.
No está de más recordar que ya hay algunos avances tímidos en esa dirección, que permiten perderle el miedo a un cambio de mayor envergadura, pues en verdad, aunque hoy en día la programación de la carrera es anual, hay algunas asignaturas semestrales y otras, de duración formalmente anual, pero que se imparten en módulos separados de duración menor a la semestral. Así mismo, dada la experiencia que tiene la Universidad con las otras carreras, no tendrían por qué presentarse obstáculos administrativos para ese cambio.
Eso sí, hay que concentrarse en que el diseño semestral no traiga consigo disminución del rigor académico. En ese sentido, habrá que desterrar el prejuicio, condimentado por la inercia de tantos años, de que un semestre es un período un tanto banal.
Esta columna de opinión, realizada por Néstor Osuna, aborda la autonomía universitaria como una condición que debe tener la universidad y no como un fin. Esto para desarrollo de los estudiantes y la universidad. También señala que el gobierno universitario ha sido desplazado por la gestión administrativa, procurando primero el bienestar económico y olvidando el progreso cultural y científico de la sociedad.
Profesor ordinario de la Universidad Externado de Colombia.
El artículo 69 de la Constitución establece la autonomía universitaria, por cuya virtud las universidades tienen capacidad de autorregulación filosófica y académica, así como independencia para determinar sus formas de gobierno.
Esa autonomía no es un fin, como parecen entenderlo a veces las burocracias universitarias, sino la garantía de uno de los pilotes sobre los que están edificadas las sociedades que persiguen su progreso y mejoramiento: la libertad académica, que a su vez es la atmósfera espiritual imprescindible para que los estudiantes puedan desempeñar su trabajo y desplegar su razón de ser.
Néstor Osuna, profesor ordinario de la Universidad Externado de Colombia.
Dado entonces que la finalidad de la autonomía universitaria es permitir que las universidades cumplan con su función social, y que esta no es otra que construir y transmitir conocimientos en las ciencias, las artes y las humanidades, resulta ajena a su contenido su instrumentación como simple prerrogativa de tipo empresarial, así como su invocación como muralla de aislamiento frente a la sociedad o su utilización como herramienta de control dentro de las instituciones.
Tal como lo dijo nuestra Corte Constitucional en el año 2005, la autonomía universitaria existe para que las universidades sean “verdaderos centros de pensamiento libre, exentos de presiones que puedan perturbar su cometido o que les impidan cumplir adecuadamente con sus objetivos y funciones”.
Andrés Bernasconi, ha puesto de relieve la estrecha relación que existe entre la autonomía universitaria y la legitimidad de los gobiernos universitarios, bajo el entendido de que estos, como todos, requieren de legitimidad para sostenerse y de que esa legitimidad no puede desatender su aptitud para conducir a estos centros educativos hacia el cumplimiento de su misión.
La legitimidad universitaria, entonces, se mantiene en cuanto no desatienda los fines de la universidad, y en su origen, puede provenir de lo que este autor llama la “jerarquía del saber”, es decir, la auctoritas de los profesores con más reconocimiento o mayor vocación académica, o también puede tratarse de una legitimidad política racional basada en el voto y la confianza de los miembros de la comunidad académica.
Sin embargo, el autor también reseña una tendencia reciente a admitir tipos burocráticos o corporativos de legitimación, que apuntan a la gestión administrativa más que a la actividad académica, casos en los cuales es común el desplazamiento del gobierno universitario hacia actores externos a las instituciones, de los que se espera acierto en la gestión de los recursos económicos de las universidades y poca inferencia en los procesos académicos.
Por supuesto que la gestión de las universidades debe tener en cuenta la necesidad de supervivencia económica de los centros de educación superior, eso es una obviedad, pero dado que la finalidad de estas no es la obtención de lucro, sino el progreso cultural y científico de la sociedad, no debe perderse de vista ese vínculo entre autonomía universitaria y libertad académica.
Por tanto, la autonomía y el gobierno de las universidades deben estar al servicio de su comunidad, esto es, profesores, profesoras y estudiantes, que son quienes, en la búsqueda de nuevos horizontes científicos o culturales, en un ambiente de libertad, hacen universidad.
